Santo Domingo.– El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha instado al Estado a reforzar la supervisión y el monitoreo de los centros privados dedicados al cuidado infantil. Esta solicitud surge a raíz de recientes casos de agresiones contra menores que han generado una profunda preocupación en la sociedad y entre las autoridades.
Durante su participación en el encuentro de la Confederación Patronal de la República Dominicana con motivo de su 80 aniversario, en el marco de la presentación del informe Perspectiva del Mercado Laboral, Ulloa enfatizó que el Gobierno tiene la oportunidad de mejorar significativamente los procesos de permisos, fiscalización y validación de licencias para estas entidades. El objetivo primordial es garantizar entornos completamente seguros para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
El funcionario condenó enérgicamente cualquier forma de agresión contra la niñez y adolescencia en centros educativos y de cuidado. Subrayó la necesidad de que el Ministerio de Educación revise la permisología para la apertura de estos establecimientos, en colaboración con otras instituciones estatales, a fin de asegurar no solo la correcta emisión de permisos, sino también una fiscalización permanente y efectiva.
Ulloa se refirió a un incidente reciente ocurrido en Santo Domingo Este, donde el comportamiento inadecuado fue descubierto gracias a las cámaras de seguridad y la alerta de un vecino. Este caso, según el Defensor del Pueblo, pone de manifiesto que el protocolo interno del centro en cuestión no garantizó un trato adecuado ni la protección física de los menores a su cargo.
En este contexto, hizo un llamado al Ministerio de Educación para que tome este lamentable suceso como un referente y refuerce de manera contundente los controles existentes. El objetivo es proporcionar a los padres una mayor tranquilidad y confianza al dejar a sus hijos en guarderías, escuelas y otros espacios de desarrollo infantil.
Asimismo, Ulloa sugirió que los distritos escolares y las regionales del Ministerio de Educación, en conjunto con entidades como el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), realicen una fiscalización continua y coordinada de estos establecimientos.
El Defensor del Pueblo también recalcó la corresponsabilidad que deben asumir los propietarios y supervisores de estos centros, no solo en el ámbito penal, sino fundamentalmente en la protección y el bienestar de los niños, a quienes calificó como el futuro de la sociedad.
Finalmente, Ulloa cuestionó el uso de fuerza desproporcionada por parte de la Policía Nacional contra los reporteros presentes en el lugar de uno de los incidentes. Reiteró la imperante necesidad de fortalecer la profesionalización de los agentes en el uso proporcional de la fuerza.
