Los Ángeles, EE.UU..- Una coalición de defensores de los derechos civiles presentó este lunes una nueva demanda federal para bloquear aspectos clave de una controvertida ley de Texas, conocida como Proyecto de Ley del Senado 4 (SB4). Esta legislación otorga a las policías locales y estatales, así como a los jueces de Texas, la facultad de arrestar y deportar a individuos bajo la sospecha de haber cruzado ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
La acción legal, impulsada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, busca obtener una orden judicial que impida la entrada en vigor de varias disposiciones de la SB4 el próximo 15 de mayo.
La SB4, calificada por sus oponentes como una de las leyes antiinmigrantes más extremas aprobadas por cualquier legislatura estatal en Estados Unidos, fue promulgada en 2023. Su implementación había sido suspendida previamente a raíz de otra demanda interpuesta por la ACLU ese mismo año. Sin embargo, un Tribunal de Apelaciones dictaminó recientemente en contra de los demandantes, argumentando que las organizaciones carecían de derecho procesal para presentar la querella original.
La norma convierte en un crimen estatal la entrada irregular desde México, estableciendo penas de hasta seis meses de cárcel para los infractores y hasta 20 años para reincidentes. La demanda busca específicamente bloquear cuatro elementos cruciales: la tipificación como delito del reingreso no autorizado de extranjeros al país, el incumplimiento de órdenes judiciales estatales relacionadas con inmigración, la concesión a los magistrados estatales del poder para ordenar deportaciones, y la obligación de que los jueces de Texas continúen con el procesamiento judicial de una persona incluso si esta tiene un caso migratorio federal pendiente.
«La SB4 transformaría a nuestra policía y a nuestros jueces en agentes de inmigración, amenazando a vecinos que tienen familias aquí, que han vivido aquí durante años e incluso a aquellos que poseen un estatus legal», afirmó Adriana Piñon, directora legal de la ACLU de Texas, en un comunicado. La abogada enfatizó que la aplicación de las leyes de inmigración es una prerrogativa «exclusiva» del gobierno federal, y que ningún estado ha intentado ejercer un poder similar al que Texas ahora pretende arrogarse.
La entrada en vigor de la ley SB4 se produce en un contexto de creciente tensión, donde el gobernador Greg Abbott ha presionado a grandes ciudades del estado, incluyendo Houston, Dallas y Austin, para que no limiten la colaboración entre sus fuerzas policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar del rechazo ciudadano a las políticas de «mano dura» que recuerdan al Gobierno Trump.
