WASHINGTON D.C.-
Una delegación de funcionarios del gobierno de Puerto Rico, encabezada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, llevó a cabo una serie de reuniones en Washington D.C. esta semana. El objetivo fue insistir ante el Congreso de Estados Unidos en la necesidad de una extensión permanente de los fondos del programa Medicaid para el territorio, buscando evitar un “abismo fiscal” que se proyecta para 2027.
La delegación subrayó la importancia de asegurar una solución legislativa duradera para el financiamiento de Medicaid, ante la expiración en 2027 de la última prórroga de fondos federales aprobada para el programa en la isla.
Según un comunicado de prensa del Senado de Puerto Rico, Rivera Schatz se reunió con el representante republicano Brett Guthrie, presidente del Comité de Energía y Comercio, órgano con jurisdicción principal sobre Medicaid. También sostuvo encuentros con el representante republicano Buddy Carter, miembro de dicho comité y del Subcomité de Salud. Otros republicanos que participaron en las conversaciones fueron Carol Miller (del Comité de Medios y Arbitrios y su subcomité de Salud), Ryan Mackenzie y Morgan Luttrell.
Por el lado demócrata, la comitiva se reunió con los senadores Martin Heinrich, Ben Ray Luján y Richard Blumenthal. En la Cámara de Representantes, los intercambios incluyeron a Pete Aguilar, presidente del Caucus Demócrata del Congreso; Steny Hoyer y Darren Soto. La delegación contó también con la participación del exgobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y los senadores Carmelo Ríos y Ángel Toledo.
“El financiamiento de Medicaid es un asunto salubrista, fiscal y estratégico”, afirmó Rivera Schatz en declaraciones escritas sobre la visita a la capital federal. “La expiración de estos fondos tendría consecuencias directas para nuestros pacientes, hospitales y profesionales de la salud. Puerto Rico merece estabilidad y trato equitativo dentro del marco federal”.
El presidente senatorial enfatizó que el objetivo es “garantizar la asignación presupuestaria más allá del 2027 y evitar cualquier interrupción en servicios esenciales que atienden a una población vulnerable significativa en la isla”. Añadió: “Estamos llevando un planteamiento estructurado y fundamentado ante los comités con jurisdicción primaria sobre Medicaid. Esta es una gestión coordinada, responsable y estratégica para proteger la estabilidad del sistema de salud de Puerto Rico“.
A diferencia de los estados, Puerto Rico, al ser un territorio estadounidense, está sujeto a límites de financiamiento para Medicaid y otros programas federales. Esto significa que el gobierno federal deja de aportar fondos una vez que la isla alcanza un límite preestablecido. El programa opera en Puerto Rico bajo una subvención en bloque aprobada por el Congreso, lo que limita su flexibilidad para aumentar fondos en situaciones de emergencia.
El financiamiento se calcula mediante el Porcentaje de Asistencia Médica Federal (FMAP). Actualmente, el FMAP de Puerto Rico es del 76%, lo que implica que el gobierno federal cubre $0.76 por cada dólar que la isla gasta en Medicaid. Un informe de Human Rights Research Center señala que, a diferencia de los estados, los FMAP de los territorios no se basan en la fórmula que asigna porcentajes más altos a las jurisdicciones más pobres.
En Puerto Rico, Medicaid es administrado a través del Plan Vital y cubre aproximadamente a 1.3 millones de personas, cerca de la mitad de la población del archipiélago. Los beneficiarios incluyen a niños, embarazadas, personas mayores de 65 años y discapacitados con bajos ingresos. El territorio depende más de Medicaid que cualquier estado de Estados Unidos.
Las reuniones de la delegación, compuesta por miembros del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), fueron complementadas por una sesión informativa congresional el miércoles, donde se detalló a legisladores y sus equipos la implementación de Medicaid en Puerto Rico. La directora de la oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFAA), Gabriella Boffelli, afirmó que los esfuerzos buscan garantizar la igualdad en la asignación de fondos.
“El trabajo que realizamos desde PRFAA es fundamental para asegurar que Puerto Rico reciba el trato justo que merece en los programas federales de salud”, declaró Boffelli. “Estamos ejecutando la política pública de la gobernadora con determinación, datos y una estrategia clara ante el Congreso“. Boffelli también mantuvo reuniones con la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, Inc. para discutir prioridades de los Centros 330 y la importancia de los fondos Medicaid.
Estos esfuerzos se enmarcan en la Orden Ejecutiva 2026-006, firmada el 5 de febrero por la gobernadora Jenniffer González Colón, que oficializó la creación del Grupo de Trabajo Multisectorial para Garantizar el Financiamiento Justo e Igualitario de los Programas Federales de Salud. El decreto señala que “el modelo actual de financiamiento y las estructuras de pago bajo los programas de Medicare y Medicaid colocan a Puerto Rico en desventaja frente a otras jurisdicciones de la Nación”.
La orden ejecutiva destaca que la exclusión de Puerto Rico de programas federales como el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), el Medicare Savings Program y el subsidio Extra Help de la Parte D de Medicare “impone una carga fiscal desproporcionada y restringe la expansión del Plan de Salud del Gobierno“.
El Grupo de Trabajo Multisectorial tiene el mandato de presentar a la gobernadora un informe inicial con estrategias recomendadas para lograr la igualdad en los fondos federales de salud dentro de 30 días de su constitución, con informes posteriores según se requiera. La primera reunión del grupo fue convocada el 9 de febrero por González Colón y contó con la participación del comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández.
