San Juan.- Varios grupos civiles y de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico denunciaron este lunes un incremento en las intervenciones y arrestos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en aeropuertos, barrios y comunidades donde residen o transitan haitianos en la isla.
“Estas actuaciones levantan serias preocupaciones sobre el uso del origen nacional, el color de piel, el idioma o el lugar de residencia como criterios para identificar, interrogar y detener personas”, dijo Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, en un comunicado.
La situación resulta particularmente alarmante ante la grave crisis humanitaria y de inseguridad que persiste en Haití.
Ante ello, integrantes de la campaña ‘Migrar es un derecho’ han podido identificar diversos vuelos de compañías contratadas por la administración del presidente Donald Trump para ejecutar deportaciones a Haití.
“Se trata de miles de personas que regresan a un país atravesado por la violencia, los desplazamientos y la inestabilidad política, donde su seguridad y su vida corren peligro”, sostuvo Hilda Guerrero, portavoz de Comuna Caribe.
El aumento en estas intervenciones ocurre mientras persiste la controversia judicial sobre los intentos de la administración Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití.
Aunque la administración anunció la terminación del programa y el Tribunal Supremo de EE.UU. emitió una opinión que abre la puerta a esa determinación, la cancelación no ha entrado plenamente en vigor, pues la jueza federal Ana C. Reyes no ha revertido la orden que mantiene temporalmente vigentes las protecciones.
A pesar de ello, las actuaciones recientes reflejan que la administración Trump y las autoridades migratorias están procediendo como si el TPS para personas de Haití y otros países ya hubiera sido cancelado y las personas beneficiarias hubieran perdido automáticamente sus protecciones.
Según los grupos, esta conducta genera confusión, inseguridad jurídica y un ambiente de persecución contra comunidades que continúan amparadas por órdenes judiciales vigentes.
“Nuestras organizaciones están haciendo trabajo de defensa migratoria en comunidades asediadas por ICE”, afirmó, por su parte, Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.
“Seguiremos acompañando, documentando, denunciando las prácticas violentas y discriminatorias, y exigiendo el cese de la persecución contra comunidades de personas migrantes”, añadió.
Las organizaciones recordaron que toda persona conserva derechos constitucionales durante una intervención migratoria, incluido el derecho a permanecer en silencio, a no consentir registros y a solicitar representación legal.
Igualmente, exhortaron a las personas con TPS haitiano a no asumir que han perdido automáticamente sus protecciones, conservar copias de sus documentos migratorios, consultar con profesionales del derecho migratorio y evitar firmar documentos que no comprendan plenamente.
Asimismo, hicieron un llamado a familiares, líderes comunitarios y testigos de intervenciones de ICE a documentar los incidentes desde una distancia segura y reportar posibles violaciones de derechos.
Asimismo, reiteraron que ninguna política migratoria autoriza el uso de violencia, perfiles raciales, detenciones arbitrarias o intervenciones contrarias al debido proceso de ley.
