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La firma del megaproyecto de ley presupuestaria por parte del presidente Donald Trump durante la celebración del 4 de Julio no solo fue una demostración de poder militar, con bombarderos B-2 sobrevolando la Casa Blanca, sino también una clara señal de hacia dónde apunta su segundo mandato: más represión, más desigualdad y una política migratoria abiertamente punitiva.
Uno de los pilares de este presupuesto es el financiamiento de una campaña de deportación masiva que podría afectar a millones de migrantes indocumentados, sin importar su tiempo de residencia, lazos familiares o aportes económicos a la sociedad. Esta iniciativa, calificada por expertos como la más agresiva en décadas, se apoya en un incremento sin precedentes de recursos para agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza, además de la expansión de centros de detención y vigilancia electrónica.
El mensaje es claro: en Estados Unidos, bajo Trump, no hay espacio para los emigrantes pobres.
La decisión de destinar miles de millones al aparato de control migratorio mientras se recortan programas esenciales como Medicaid y la asistencia alimentaria es, además de cruel profundamente regresiva. Los emigrantes, muchos de ellos trabajadores esenciales durante la pandemia, serán doblemente castigados: primero con la amenaza de ser expulsados y luego con la eliminación de las redes de seguridad que también sostienen a sus familias y comunidades.
Por si fuera poco, esta ofensiva ocurre en un destino económico tenso, donde el déficit fiscal crecerá en 3,4 billones de dólares en los próximos diez años, según proyecciones. La paradoja es evidente: se criminaliza al inmigrante, pero se premia a los multimillonarios, con la extensión de los recortes tributarios iniciados en 2017.
En el fondo, el presupuesto aprobado no es solo un documento económico: es un manifiesto ideológico. Un proyecto que utiliza la ley para desmantelar derechos, reforzar el autoritarismo y dividir aún más a una sociedad ya fracturada.
El costo humano de esta política será inmenso. Y no se medirá solo en cifras de deportados, sino en el sufrimiento de familias separadas, comunidades devastadas y generaciones de emigrantes tratados como enemigos internos.
