Estados Unidos.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha propuesto incrementar significativamente las sanciones económicas para los inmigrantes que, habiendo recibido una orden de deportación en ausencia, permanecen en el país y son posteriormente detenidos. La iniciativa, impulsada por la administración del expresidente Donald Trump, elevaría las multas hasta los $18,000 dólares.
La medida busca triplicar la multa económica actual, que se sitúa en $5,130 dólares, argumentando que la cifra en vigor no logra cubrir los costos operativos asociados a la localización y expulsión de estos individuos. Estas sanciones aplican a extranjeros que recibieron una orden de expulsión dictada en ausencia –es decir, tras no presentarse a una audiencia migratoria– y que permanecieron en territorio estadounidense hasta ser aprehendidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según la propuesta, difundida en el Registro Federal, las autoridades migratorias argumentan que las operaciones de detención y expulsión conllevan gastos superiores a los calculados previamente. El DHS detalla que estos costos incluyen personal, entrenamiento, transporte, uso de vehículos y el procesamiento administrativo de los inmigrantes bajo órdenes de deportación. ICE respalda esta visión, considerando insuficiente la tarifa actual para compensar la complejidad de estas operaciones.
Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de la Casa Blanca, cuyo objetivo es intensificar la presión sobre los inmigrantes indocumentados para que abandonen el país de manera voluntaria antes de ser sujetos a detención por parte de las autoridades.
Las deportaciones «en ausencia» se refieren a los casos de extranjeros que, habiendo sido citados a comparecer ante tribunales migratorios, no asistieron a sus audiencias, resultando en la emisión automática de órdenes de expulsión. El gobierno federal implementó por primera vez estas multas el año pasado, estableciendo inicialmente un monto de $5,000 dólares, que fue posteriormente ajustado por inflación hasta la cifra actual de $5,130 dólares.
Actualmente, la administración ha habilitado un período de consulta pública para esta propuesta, el cual estará abierto hasta el 22 de junio. Una vez concluido este plazo, el gobierno tomará una decisión final sobre la implementación oficial del nuevo esquema de sanciones económicas como parte de su política migratoria. La información para esta nota fue proporcionada por EFE.
