Ciudad de México, Guadalajara. – Los diez detenidos en septiembre de 2024 en el rancho Izaguirre, vinculado con un cartel del narcotráfico en el municipio de Teuchitlán, estado de Jalisco (oeste), fueron condenados este martes a 141 años y tres meses de prisión, además del pago de casi 1,3 millones de pesos (unos 70.000 dólares) por concepto de reparación del daño, según informó un tribunal mexicano.
En un comunicado, la Fiscalía estatal apuntó que las diez personas detenidas fueron condenadas hoy tras un juicio oral en el que se les acusó de tres delitos en agravio del mismo número de víctimas: desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado.
«El Tribunal decidió hoy fijar una de las condenas más altas por este delito, luego de encontrar culpables a los diez acusados por todas las conductas y sus agravantes», indicó la Fiscalía.
La detención
Agregó que los sentenciados fueron detenidos el 18 de septiembre de 2024 en el rancho Izaguirre, luego de que la Guardia Nacional acudiera a verificar un reporte de detonaciones de arma de fuego.
A su llegada, fueron agredidos a disparos, por lo que los agentes repelieron la agresión y lograron ingresar al rancho.
En el interior fueron detenidos los diez condenados, además, se encontró a una persona sin vida, así como ropa y objetos personales, y se liberó a dos más que se encontraban privadas de su libertad.
Los hombres fueron identificados como Lennin ‘N’ -o Kevin ‘N’-, David ‘N’, Gustavo ‘N’, Christopher ‘N’, Juan ‘N’, Óscar ‘N’, Erick ‘N’, Luis ‘N’, Ricardo ‘N’ y Armando ‘N’, quienes fueron acusados por desaparición en sus modalidades simple y agravada y por homicidio.
Previamente la Fiscalía explicó que el proceso oral inició el 1 de julio y se prolongó durante una semana de audiencias, en las que se presentaron más de 40 testimonios y diversas pruebas materiales y este día se llevó a cabo la audiencia para sentenciarlos.
Exigen la identificación de los cuerpos
Estudiantes universitarios se manifestaron este martes para exigir al Gobierno del estado de Jalisco (oeste de México) que acelere las investigaciones para revelar la identidad de los cuerpos encontrados en una fosa en el municipio de Zapopan, en el que temen que podrían estar algunas compañeras y compañeros desaparecidos.
En voz de Francisco Ponce, los estudiantes acusaron a las autoridades de no dar la «debida importancia al hallazgo» de la fosa con 211 bolsas con restos humanos y que está a menos de tres kilómetros de distancia del campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de la Universidad de Guadalajara.
“Mientras a la comunidad estudiantil y ciudadanía se nos encoge el corazón solo de pensar que en cualquiera de esas bolsas podría encontrarse alguno de nuestros compañeros, compañeras, familiares, amigos abandonados en un predio a las afueras de la ciudad, el gobierno de Zapopan y la Universidad guardan silencio en absoluta indiferencia”, aseguró.
El colectivo de familiares que buscan a personas desaparecidas ‘Guerreros buscadores’ encontró, el 29 de junio, una segunda fosa en un predio conocido como Las Agujas, que la Fiscalía General de Jalisco investigó en febrero y había declarado que no había más indicios criminales.
El lugar está junto a una construcción muy cerca del campus que alberga a unos 7.095 estudiantes de diversas carreras, así como personal administrativo y docente.
Mayor seguridad
A la fecha, el colectivo ha encontrado 42 bolsas con restos humanos, cinco de ellas este mismo martes, que se suman a las 169 que las autoridades extrajeron en febrero pasado y que pertenecen al menos a 35 personas, aunque la identificación de los restos óseos en el Servicio Médico Forense continúa.
Las y los manifestantes colocaron velas en la entrada del Palacio de Gobierno, carteles exigiendo seguridad e imágenes de personas desaparecidas.
También gritaron consignas para exigir mayor seguridad para los alumnos en los alrededores del campus, para quienes no hay muchas opciones de movilidad debido a que se encuentra fuera del área conurbada en una zona con poca vigilancia.
Una joven, quien se identificó sólo como Abigail, leyó un comunicado en el que expresaron el temor de los estudiantes por el creciente hallazgo de fosas y la continua desaparición de mujeres y hombres jóvenes en el área metropolitana de Guadalajara y todo el estado.
“Sentimos un miedo real porque en los últimos tiempos las desapariciones forzadas y el hallazgo de fosas clandestinas han incrementado cada mes más cerca de la zona metropolitana de Guadalajara. Y mientras la inseguridad incrementa, el estado sigue sin poner en marcha medidas reales de seguridad para la población”, denunciaron.
Crisis de desapariciones
El 8 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció un supuesto “campo de exterminio” del narcotráfico tras hallar 400 pares de zapatos en dicho inmueble de Teuchitlán.
Sin embargo, a finales de ese mes, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero confirmó que el rancho Izaguirre, ubicado a una hora de Guadalajara, era “un campo de adiestramiento” perteneciente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y recalcó que “no hay evidencias” de que el lugar fuera utilizado como un crematorio clandestino.
Jalisco es el estado con mayor número de casos de personas desaparecidas con 15.414, de las 129.931 en todo el país, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en México.
El caso del rancho en Teuchitlán elevó la presión para que la presidenta Claudia Sheinbaum atienda la crisis de desapariciones en México, donde hay más de 120.000 personas no localizadas desde que se tiene registro en la década de 1960.
