Buenos Aires.- Una diputada argentina de la oposición interpuso una denuncia ante la Justicia contra el Gobierno del presidente Javier Milei por malversación de fondos destinados al mantenimiento de carreteras por algo más de un billón de pesos (unos 671 millones de dólares). Según la legisladora peronista Victoria Tolosa Paz, estos recursos han sido desviados hacia operaciones financieras, lo que el Ejecutivo no negó y calificó como un «cambio de paradigma» en la gestión vial.
La denuncia, presentada este martes, señala al ministro de Economía, Luis Caputo, y a sus colaboradores como responsables de la malversación de caudales públicos que, por ley, deben destinarse al mantenimiento y construcción de rutas y autovías bajo la jurisdicción del Estado. Estos fondos no deberían ser utilizados para sostener el equilibrio fiscal.
La denuncia se hace eco de múltiples reclamos de ciudadanos, empresarios, alcaldes y hasta gobernadores de provincias que exigen que durante el mandato de Milei, iniciado en diciembre de 2023, las principales carreteras nacionales han empeorado por falta de cuidados y en algunos casos resultan peligrosas por su mal estado.
Los cargos alcanzan a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional y al Banco de la Nación, el cual está a cargo del fideicomiso que administra desde hace décadas los fondos recaudados a través de un impuesto al combustible. El fin es destinar esos recursos a la red vial.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo durante una entrevista concedida el domingo a un medio de la provincia de La Pampa (en el centro del país y una de las más afectadas en materia de vías) que «una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal».
En una rueda de prensa, Ravier insistió este martes en que el uso de lo recaudado por el impuesto a los combustibles para financiar las arcas estatales corresponde a un «nuevo paradigma» en materia de administración vial, en el que se coloca por encima la iniciativa privada y aparta al Estado de ese rol preponderante.
Las carreteras de Argentina afrontan duras exigencias ya que la mayor parte de la producción de todo tipo de bienes es transportado en camiones, algunos de ellos de gran tonelaje y que recorren incesantemente las mismas vías por las que circulan autos particulares y buses. En un país donde las distancias son enormes, este uso intensivo exige una infraestructura vial adecuada.
A través de un reciente decreto, el Ejecutivo de Milei actualizó el reglamento de la Ley de Tránsito para permitir el aumento del peso y tamaño máximos de los camiones de mercancías en Argentina.
