Los Ángeles (EE.UU.).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó hoy sobre el arresto del director ejecutivo de una empresa tecnológica con sede en Irán, Jamshid Ghomi, acusado de vender tecnología informática estadounidense al Gobierno iraní en violación a las sanciones impuestas por Washington.
Ghomi fue acusado en una denuncia penal federal «de violar las sanciones estadounidenses contra Irán al adquirir sofisticados equipos de redes, seguridad y cifrado de origen estadounidense para clientes iraníes, incluidos los centros nucleares y militares del régimen iraní», según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia.
Las autoridades sostienen que Ghomi se enriqueció al suministrar tecnología estadounidense a la Organización de Energía Atómica de Irán y otras entidades sancionadas responsables del programa nuclear iraní. «La División de Seguridad Nacional exigirá responsabilidades a quienes violen nuestras leyes para promover las ambiciones nucleares de Irán», declaró John A. Eisenberg, el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional.
El hombre de 63 años y residente en Newport Coast, California, está acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Ghomi comparecerá el jueves 4 de junio ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana, California. Si se declara culpable, enfrentará una pena máxima de 20 años de prisión.
El acusado es el fundador, propietario y director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), una empresa de redes informáticas con sede en Teherán. Las autoridades alegan que entre 2011 y 2023 Ghomi utilizó cuentas personales de eBay y PayPal, junto con empresas fachada y agentes de transporte de mercancías en los Emiratos Árabes Unidos, para enviar ilegalmente tecnología estadounidense controlada a Irán sin obtener las licencias necesarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
«Ghomi sabía que esta conducta era ilegal y tomó medidas deliberadas para ocultarla. Ordenó a sus cómplices en los Emiratos Árabes Unidos que no incluyeran su nombre en la documentación de envío, que omitieran las facturas de los envíos con destino a Irán y, en al menos dos ocasiones, que ocultaran equipos informáticos de origen estadounidense dentro de envíos más grandes», detalla el escrito.
Las ventas anuales de FPR superaban los 10 millones de dólares y se destinaban a cientos de empresas y entidades gubernamentales iraníes, muchas de las cuales estaban sujetas a sanciones estadounidenses. Una parte relativamente pequeña, pero significativa, del negocio fue destinada a los usuarios finales más sensibles de Irán: el aparato nuclear y militar del régimen.
La División de Investigación Criminal del IRS, en coordinación con la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, está investigando el caso.
