Guayaquil.- Un total de 13,000 militares comenzaron a desplegarse desde este jueves en las provincias costeras de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, como parte de una nueva estrategia del Gobierno para reforzar la lucha contra el crimen organizado. La medida se produce luego de que el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en amplias zonas del país.
Los efectivos serán trasladados desde territorios con menores índices de criminalidad hacia las provincias costeras mencionadas, consideradas puntos críticos por su alta incidencia de violencia y relevancia en las rutas utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas hacia Europa y Norteamérica.
Las Fuerzas Armadas intensificarán los patrullajes terrestres y marítimos, fortalecerán los controles de armas, municiones y explosivos, y apoyarán las operaciones destinadas a debilitar a los grupos armados que operan en estas regiones.
“El objetivo es disminuir principalmente las muertes violentas y tener el control de las ciudades que están catalogadas como más violentas”, afirmó el general Mauro Bedoya, jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), durante la llegada de unos 210 soldados a una base aérea en Guayaquil.
El alto oficial señaló además que la presencia militar busca fortalecer la percepción de seguridad entre la población, en medio de una creciente preocupación por los niveles de criminalidad que afectan a distintas regiones del país.
De los 13,000 militares movilizados, aproximadamente 6,000 permanecerán en la provincia de Guayas, considerada el principal foco de violencia del país. Hasta mayo, esta jurisdicción acumulaba 1,521 homicidios de los 3,485 registrados a nivel nacional.
La movilización militar coincide con el anuncio realizado por el presidente Noboa sobre el inicio de una etapa de “guerra total” contra las organizaciones criminales, mediante la ratificación del “conflicto armado interno” declarado en 2024.
Esta decisión abre la posibilidad de que militares extranjeros participen en operaciones de seguridad dentro del país con inmunidad jurídica, aunque las autoridades castrenses indicaron que, por el momento, no existe información sobre un eventual despliegue de tropas internacionales.
A través de un decreto, el mandatario también informó que concederá indultos, reducirá o conmutará penas para militares, policías y civiles que participen en acciones vinculadas a la defensa del Estado frente al conflicto armado interno, siempre dentro del marco legal vigente.
Pese a los sucesivos estados de excepción decretados desde inicios de 2024 y al despliegue constante de miles de policías y militares, Ecuador continúa enfrentando una severa crisis de seguridad. Las cifras oficiales reflejan que durante 2025 el país registró un récord de 9,281 asesinatos, equivalente a una tasa superior a 50 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más elevadas de América Latina.
Las autoridades esperan que este nuevo operativo contribuya a recuperar el control territorial en las zonas más afectadas por la violencia y a reducir los índices de criminalidad que han convertido a Ecuador en uno de los países con mayores desafíos de seguridad en la región.
