Nueva Jersey.- El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha presentado una demanda contra el estado de Nueva Jersey y la gobernadora Mikie Sherrill por su Orden Ejecutiva N.° 12. La querella judicial alega que dicha orden interfiere con la aplicación de las leyes de inmigración federales, una medida que ha generado un fuerte debate entre la administración federal y las autoridades estatales.
La gobernadora Sherrill firmó la orden ejecutiva el 11 de febrero en Trenton, la capital estatal. Según sus declaraciones en aquel momento, la medida era necesaria para evitar que la administración del entonces mandatario Donald Trump convirtiera a las fuerzas del orden locales en “milicias”. “He visto cómo son las milicias irresponsables y el miedo y el peligro que propagan”, afirmó la gobernadora. La orden prohíbe el acceso a “áreas de concentración, centros de procesamiento, bases de operaciones ni acciones federales de inmigración civil desde ningún territorio estatal, ni desde nuestros parques, ni desde nuestras carreteras, ni desde nuestros edificios”.
Dos semanas después de la firma de la orden, el DOJ formalizó la demanda. En un comunicado de prensa anunciando la querella, la Fiscal General Pamela Bondi declaró: “Los agentes federales arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Nueva Jersey, y sin embargo, los líderes de Nueva Jersey están implementando políticas diseñadas para obstruir y poner en peligro a las fuerzas del orden”. Bondi enfatizó que “los estados no pueden interferir deliberadamente con nuestros esfuerzos para expulsar a inmigrantes indocumentados y arrestar a delincuentes; las políticas de santuario de Nueva Jersey no se mantendrán”.
La gobernadora Sherrill reaccionó a la demanda un día antes de la publicación de esta noticia, durante una conferencia de prensa sobre un tema no relacionado. Citada por Politico, Sherrill señaló que el gobierno federal debería concentrarse en capacitar a sus agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “con un mínimo de capacitación, como cualquier agente del orden público en el estado de Nueva Jersey, para que puedan operar mejor y con mayor seguridad”, en lugar de “atacar a estados como Nueva Jersey que trabajan para mantener a la gente segura”.
La Orden Ejecutiva de Sherrill prohíbe específicamente al ICE y a otros funcionarios federales de inmigración realizar arrestos de personas indocumentadas dentro de áreas no públicas de propiedad estatal, incluidos centros penitenciarios estatales.
La demanda, presentada el lunes en un tribunal federal de Newark, Nueva Jersey, y anunciada el día anterior, califica la orden como un “flagrante desacato a las leyes federales vigentes durante más de tres décadas”. El documento añade que esta acción “no es una mera declaración política, sino una acción deliberada que pone en peligro la seguridad pública de todos los estadounidenses”. Subraya que la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe a un estado usurpar las facultades del Congreso.
Según el comunicado del DOJ, “las políticas de santuario de Nueva Jersey no solo son ilegales según la ley federal, sino que, como se alega en la denuncia, la negativa de Nueva Jersey a cooperar con las autoridades federales de inmigración resulta en la liberación de delincuentes peligrosos de la custodia policial, quienes de otro modo estarían sujetos a deportación”. Esto incluye “inmigrantes indocumentados condenados por agresión con agravantes, robo, tráfico de drogas y tráfico de personas”.
La Fiscal General Bondi, desde su primer día en el cargo, instruyó a la División Civil del Departamento a identificar leyes y políticas estatales y locales que obstaculizan las operaciones federales de inmigración. La lista de jurisdicciones santuario del Departamento, publicada el 5 de agosto de 2025, antecede a la última Orden Ejecutiva de Nueva Jersey. Bondi se ha comprometido a litigar para poner fin a estas políticas a nivel nacional, y la demanda contra Nueva Jersey es la más reciente de una serie de acciones legales interpuestas contra políticas similares en ciudades como Nueva York, el estado de Minnesota y Los Ángeles, California.
La gobernadora Sherrill, quien asumió el cargo el mes pasado (respecto a la fecha de la publicación original), también ha fomentado que los residentes monitoreen la actividad de ICE —un punto señalado en la demanda del DOJ— y ha establecido un portal en línea para subir videos de interacciones con los agentes federales.
