|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Puerto Plata.- Empresarios de Cabarete denunciaron las acciones del director regional de Turismo, Atahualpa Paulino, quien en franco desacato de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, impidió la instalación de una cerca limítrofe en Playa Rocón, Cabarete.
La empresa Costa Canal SRL. representada por su abogado, Lorenzo Pichardo, se quejó del atropello sistemático del funcionario, quien en agosto del 2024, destruyó la cerca perimetral con el auxilio de empleados haitianos, alegando que la misma estaba dentro de los 60 metros y que la misma cerraba un camino.
Ante estos hechos Costa Canal sometió un recurso de amparo ante el TSA, que emitió el 6 de diciembre de 2024, la sentencia 0030-03-2024-SSEN-00727, la cual dispone “el cese inmediato de cualquier acto u omisión que tienda a destruir las cercas edificadas con postes de concreto y alambres de púas u otra obra de infraestructura similar dentro de los límites del inmueble identificado como 314896958049 con una extensión superficial de 20,380.34 metros cuadrados”.
Este viernes la empresa inició nuevamente la instalación de la cerca la cual fue destruida nuevamente por personal del Senpa, a pesar de que la dirección de ese organismo había dispuesto el retiro de los mismos, una contraorden del viceministro Costero Marino, del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, a quien el director
de Turismo, llamó en alta voz por su celular, hizo que los empleados del Senpa ejecutaran la orden.
De acuerdo a lo expresado por el representante de la empresa Costa Canal, constituye una flagrante violación al derecho de propiedad privada, destrucción de propiedad privada y un atentado contra la inversión nacional y extranjera y el estado de derecho en la República Dominicana.
Indicó que en el lugar se encontraban representantes locales de la Armada de la República Dominicana, quienes comprobaron que la cerca no está dentro de los 60 metros, que dispone la ley, sino a 78 metros en el punto más próximo.
Tanto la Armada como Politur se negaron a participar en la acción del funcionario reconociendo el alcance de la sentencia del tribunal, y que la misma no está dentro de la franja de los 60 metros.
Con relación al reclamo del supuesto camino dentro de la misma parcela en desuso desde la contruccion de la nueva carretera en los años 70 y el tramo que pretenden en discordia fue sustituido hace mas de 15 años por la entrada perpendicular a la carretera frente al campo de golf, por lo que los propietarios firmaron una permuta con las autoridades competentes. Desde el 1933 los terrenos estan deslindados por la United Fruit Company, que vendió los terrenos de la parcela 1 del DC 5 de Puerto Plata a Trujillo, quien posteriormente los vendió a la DORSA, en el 1940 empresa que lo aportó una porción de los mismos, como capital a la Sociedad Costa Canal, indicó que en ambos extremos de la propiedad hay accesos a la playa y que la empresa firmó una permuta con la Junta Distrital de Cabarete, refrendada por el Ayuntamiento de Sosúa, donde se habilitó un camino de acceso adecuado para los propietarios colindantes.
24 años de dificultades
Pichardo indicó que llevan 24 años tratando de poner en marcha el desarrollo de su inversión en el lugar, señalando que en 2001, los mismos fueron ocupados por personas que falsificaron títulos de los mismos, por lo que tuvieron que agotar 21 años de procesos
Judiciales, hasta que en 2022 obtuvieron sentencias definitivas, y la fuerza pública por parte del abogado del Estado y que ahora se le impide cercar adecuadamente la propiedad.
El abogado dijo que se niega a creer que las acciones del director regional de Turismo cuenten con el respaldo de la altas instancias de ese ministerio cómo ha alegado el funcionario, “si Turismo o cualquier otra institución está en desacuerdo con la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, lo lógico es que recurran la misma por las vías legales correspondientes, no que se abroguen el derecho de violar la misma, sin ningún fundamento legal”.
Se preguntó si será posible que en una gestión que se ha caracterizado por el respeto a la ley, una persona actúe para favorecer a quienes fueron desalojados de esos terrenos por decisión de los tribunales competentes porque estaban amparados en documentos falsos.
Recordó que la sentencia del TSA establece un astreinte de 4,000 pesos diarios en contra de las instancias que impidan la realización de la verja.
Hizo un llamado al presidente Luis Abinader a intervenir en el caso que pone en entredicho la seguridad jurídica en el país, con funcionarios que no respetan en lo más mínimo las decisiones de los tribunales.
