Santo Domingo.- La pieza legislativa que entrará en vigencia con sus modificaciones a partir del próximo 5 de agosto ha generado un gran debate nacional. A pesar de las protestas sociales y los llamados para su modificación, específicamente en aspectos relacionados con la libre expresión y difusión del pensamiento, la Ley 74-25 que crea el nuevo Código Penal introduce la tipificación de 70 nuevos delitos ausentes en la legislación vigente, destacando un incremento en la pena máxima, que alcanzaría los 60 años.
La normativa sustituye una obsoleta pieza que data de 1884, incorporando al ordenamiento jurídico delitos de alta incidencia social que preocupan en la actualidad, como los crímenes tecnológicos, el feminicidio, el sicariato y los ataques con sustancias corrosivas, popularmente conocidas como «ácido del diablo».
Asimismo, el marco legal sanciona penalmente el autosecuestro. Por su parte, el bullying y el ciberbullying recibirán castigos de hasta 10 años de prisión, mientras que las estafas piramidales conllevarán penas de 5 a 10 años.
Adicionalmente, el código penaliza la violencia económica en el entorno doméstico, robustece el amparo legal a mujeres, niños y sectores vulnerables, expande el alcance de la violencia de género e implementa órdenes de protección de mayor efectividad.
En materia de delitos sexuales, la reforma extiende significativamente los plazos de prescripción, otorgando a las víctimas un período de hasta 20 años para formalizar denuncias, plazo que se amplía a 30 años en caso de que los afectados sean menores de edad.
De igual forma, se consigna la creación de un registro nacional de ofensores sexuales, cuya gestión y administración estarán a cargo del Ministerio Público.
La nueva legislación eleva la pena máxima general para crímenes graves de 30 a 40 años de reclusión, abriendo la posibilidad legal de acumular condenas concurrentes hasta un límite absoluto de 60 años de prisión por reincidencia.
De manera complementaria, el texto punitivo introduce novedosos esquemas de rehabilitación y reinserción social, entre los que destacan el régimen de semilibertad para sentencias inferiores a los 5 años y el establecimiento de programas obligatorios de reeducación.
Con estas disposiciones, el marco jurídico no solo endurece el castigo contra la criminalidad organizada y los delitos de alto impacto, sino que adopta herramientas contemporáneas de prevención y reforma.
En sentido general, el código puede definirse como una reforma integral orientada a robustecer la justicia, garantizar la tutela judicial efectiva a las víctimas y, al mismo tiempo, atender los delitos digitales.
