MADRID.- El Gobierno de coalición español ha aprobado este martes la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de inmigrantes indocumentados, mayoritariamente de origen latinoamericano, una medida que ha suscitado fuertes críticas por parte de los partidos de derecha y se contrapone a las políticas migratorias de otros socios europeos y de Estados Unidos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la iniciativa señalando la importancia de que “quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”. Sánchez subrayó que la medida cuenta con un amplio respaldo de la Iglesia, los sindicatos, los empresarios y la sociedad civil, quienes comparten el objetivo de “mejorar la vida de sus vecinos y, con ello, hacer de España un país mejor”.
En contraste, el líder del principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, expresó este fin de semana su preocupación de que “España está exportando un problema migratorio a toda Europa“, donde rige la libre circulación de personas, y afirmó que la solución no pasa por el “descontrol migratorio”.
Por su parte, el partido de extrema derecha Vox, a través de su líder, Santiago Abascal, calificó la medida como parte de las “políticas suicidas de Sánchez” y prometió “revertirlo” en la red social X.
La aprobación definitiva de esta medida se concretará en el Consejo de Ministros de este martes. En noviembre de 2024, Sánchez ya había anunciado una reforma del reglamento de extranjería con el fin de regularizar a 300.000 personas por año durante el siguiente trienio. Esta acción busca mitigar el envejecimiento poblacional en un país donde los nacimientos han disminuido un 25,6% desde 2014, según cifras oficiales.
Actualmente, España tiene una población de 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros. Según el centro de investigación económica y social Funcas, a 1 de enero de 2025 se estimaba que residían unos 840.000 inmigrantes irregulares en España, en su mayoría procedentes de América Latina, muchos de ellos empleados en sectores esenciales como la agricultura, la hostelería, los cuidados y la construcción.
La ministra de Migraciones, Elma Saiz, detalló en una entrevista con la radio Cadena Ser los plazos de la regularización. Explicó que el proceso “va a comenzar esta misma semana” y “va a concluir el 30 de junio“.
“Mañana previsiblemente se publicará en el Boletín Oficial del Estado y a partir del día 16 comenzará el trámite telemático, y también se podrá pedir cita previa para el trámite presencial que empezará a partir del día 20“, precisó Saiz. Podrán acogerse a esta regularización las personas extranjeras que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2025, acrediten al menos cinco meses de permanencia continuada en el país y carezcan de antecedentes penales.
El Ejecutivo de Sánchez reitera el impacto económico positivo de la medida. El presidente ha sostenido en diversas ocasiones que la migración ha sido un factor clave en el crecimiento reciente de la economía española y en la sostenibilidad del sistema de pensiones, dado el bajo índice de natalidad y el envejecimiento progresivo de la población.
No es la primera vez que España recurre a una regularización masiva. Desde la década de 1980 se han implementado procesos similares, siendo el más extenso el de 2005, bajo el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió la regularización de más de medio millón de personas.
Para el Ejecutivo actual, esta iniciativa representa un pilar fundamental de su política migratoria. Sánchez insiste en su carta en que “reconocer la realidad” es el punto de partida para integrar a quienes ya residen y trabajan en el país, formalizándolos en la economía y fortaleciendo la cohesión social.
