Santo Domingo.-El chantaje y la extorsión a través de redes sociales se han consolidado como una industria delictiva en la República Dominicana, impactando a todos los estratos sociales y generando, según las autoridades, cifras millonarias anualmente.
El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, señaló que, en los estratos de mayor poder adquisitivo, la tendencia es al pago directo para resolver estas situaciones. En contraste, las pocas denuncias formalizadas y los actos de violencia asociados se registran predominantemente entre grupos de menor capacidad económica.
Según datos proporcionados por Gómez Mazara, apenas el 15 % de las víctimas de chantaje digital presenta su caso ante las autoridades. La mayoría prefiere gestionar la situación de manera privada, lo que, en ocasiones, ha derivado en tragedias como suicidios y estafas de larga duración.
Ante esta problemática, el Indotel ha lanzado una campaña de concienciación ciudadana, instando a la población a considerar la denuncia como la única vía efectiva para combatir estos delitos.
Sobre la evolución de estas redes criminales, el director del Departamento de Investigaciones y Crímenes de Alta Tecnología de la Policía Nacional, general Edgar Arnaud, explicó que ya no se trata de estructuras simples operadas desde recintos penitenciarios, sino de organizaciones complejas con operarios incluso fuera del país.
Asimismo, las investigaciones revelan que esta práctica delictiva ha trascendido el Gran Santo Domingo, extendiéndose a otras regiones del país, con una notable incidencia en la zona Norte.
Un dato relevante es el incremento de la participación femenina en estos crímenes, alcanzando entre el 30 % y el 40 % del total de implicados, quienes suelen ser jóvenes con conocimientos tecnológicos avanzados.
Estos chantajes se facilitan mediante el uso de tarjetas telefónicas preactivadas, distribuidas por empresas de telecomunicaciones a intermediarios independientes. Esta práctica persiste, a pesar de las reiteradas resoluciones del Indotel que exigen vincular cada tarjeta SIM a la identificación del solicitante.
En un encuentro con el Grupo de Comunicaciones Corripio, Guido Gómez Mazara ofreció un dato preocupante: se comercializan cerca de 400,000 tarjetas SIM semanalmente en el país, un porcentaje significativo de las cuales es utilizado por estas redes delictivas.
Además, los delincuentes se valen de celulares robados, que representan el 30 % de las denuncias de robo registradas por la Policía Nacional.
Aun con la expansión e «industrialización» de estas redes, los centros penitenciarios continúan siendo puntos clave para la operación de estos chantajes.
Gómez Mazara informó que, bajo su gestión, se han invertido unos RD$300 millones para la eliminación de señales de celulares en las cárceles. Sin embargo, las empresas de telecomunicaciones argumentan que no pueden intervenir centros penitenciarios próximos a zonas pobladas sin afectar el servicio a la comunidad, lo que, según Gómez Mazara, es un tema de «rentabilidad» para ellas.
Como consecuencia, recintos como la cárcel de La Victoria, ubicada en el centro de un municipio, persisten como uno de los principales focos de chantaje carcelario en el país.
El funcionario también cuestionó la persistencia de la corrupción en el sistema carcelario, enfatizando que se debe prohibir completamente el acceso de dispositivos móviles a los recintos.
En el mencionado Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, estuvieron presentes la directora ejecutiva del Indotel, Desireé Logroño, y su director de Ciberseguridad, César Moliné.
El director de Ciberseguridad del Indotel, César Moliné, aclaró que las empresas que comercializan eSIM para conexiones web las adquieren de proveedores de servicios locales y que, al igual que las SIM físicas, son totalmente rastreables.
Finalmente, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones urgió al Congreso a una pronta modificación de la Ley 153-98, su marco regulatorio, la cual considera obsoleta al «habla incluso de fax».
La actualización de esta ley es crucial para integrar aspectos no contemplados actualmente, que deben ser tipificados como delitos o regulados de manera efectiva.
Entre estos aspectos, se destaca la necesidad de establecer la capacidad de respuesta rápida de grandes plataformas digitales como Meta y YouTube. La falta de colaboración de estas plataformas ante las demandas de las autoridades dificulta el seguimiento de casos, por lo que se contempla la exigencia de representantes legales en el país.
