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Santo Domingo.- El incumplimiento generalizado de la Ley No. 311-14, que obliga a los funcionarios públicos a presentar su Declaración Jurada de Patrimonio, refleja una preocupante falta de responsabilidad y transparencia dentro del Estado dominicano. A pesar de contar con un plazo de 120 días desde su elección, numerosos legisladores y otros funcionarios no cumplieron con esta obligación, lo que Participación Ciudadana considera una grave falta de compromiso con la ley y la ética pública.
Este incumplimiento es aún más grave entre los legisladores, quienes deberían dar ejemplo al ser los promotores y votantes de la normativa. La solicitud de extensiones de plazo, cuando la ley solo permite 10 días adicionales por errores menores, revela el desconocimiento o la apatía de algunos actores frente a sus deberes legales.
La ley contempla que las declaraciones presentadas fuera de plazo sean remitidas al Ministerio Público, lo que podría derivar en sanciones. Participación Ciudadana insta a que se publiquen los nombres de los infractores y se aplique con rigor el régimen de consecuencias. Asimismo, proponen endurecer las sanciones, incluyendo la inhabilitación para ejercer funciones públicas, como medida disuasoria y para fortalecer la cultura de transparencia en el país.
