Santo Domingo.-
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, ha alertado que mayo suele ser uno de los meses más críticos en cuanto a feminicidios en la República Dominicana. La magistrada defendió, además, los protocolos implementados por el Ministerio Público para la protección de mujeres víctimas de violencia de género.
Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, Ramos enfatizó que los feminicidios no pueden ser atribuidos exclusivamente al sistema judicial, sino que son resultado de un problema cultural profundamente arraigado en la sociedad dominicana.
“Somos una sociedad muy violenta”, afirmó la magistrada, destacando que esta conducta se manifiesta no solo en los crímenes, sino también en el comportamiento cotidiano de las personas en las calles, el tránsito y los conflictos menores. Señaló que numerosas muertes violentas se originan a partir de discusiones entre vecinos, problemas de parqueo, accidentes de tránsito o conflictos personales que escalan fatalmente.
La fiscal sostuvo que, a pesar de que las estadísticas generales de homicidios han mostrado una reducción en el Distrito Nacional, los feminicidios persisten como una preocupación constante, con una tendencia a incrementarse durante el mes de mayo.
Ramos detalló que cuando una mujer se presenta ante la Fiscalía denunciando una situación de peligro, el Ministerio Público activa un protocolo de actuación que abarca desde la evaluación psicológica y el levantamiento de pruebas hasta la implementación de medidas de protección.
Entre estas medidas, explicó que si el agresor posee armas de fuego, las autoridades gestionan órdenes de allanamiento o proceden al desarme preventivo. Asimismo, en casos de riesgo elevado, se ofrece a la víctima y a sus hijos la posibilidad de ingresar a una casa de acogida. No obstante, Ramos aclaró que muchas mujeres rechazan esta opción debido al impacto emocional y familiar que implica abandonar su entorno.
La magistrada señaló que uno de los principales desafíos radica en que muchas víctimas permanecen atrapadas en círculos de dependencia emocional y social con sus agresores, lo cual dificulta tanto el proceso judicial como la efectividad de las medidas de protección. “Muchas veces la sociedad y hasta la propia familia les dice que le den otra oportunidad al agresor”, expresó, alertando también sobre el uso de herramientas tecnológicas para el control y vigilancia de las víctimas, incluyendo celulares intervenidos para rastrear ubicaciones, mensajes y conversaciones.
Durante la misma entrevista, Rosalba Ramos se refirió a las dificultades que enfrentan los fiscales dominicanos, a pesar de algunos avances en materia salarial y beneficios laborales.
La magistrada explicó que el Distrito Nacional ha experimentado una reducción significativa en su personal fiscal, pasando de 151 fiscales en 2018 a apenas 102 en la actualidad. Esta situación ha generado una considerable sobrecarga laboral, agravada por licencias médicas, enfermedades y vacantes que tardan meses en cubrirse debido a los rigurosos procesos de formación y evaluación requeridos para ingresar a la carrera del Ministerio Público.
Ramos indicó que la formación de un fiscal puede extenderse entre seis meses y un año, debido a los concursos, capacitaciones y pasantías obligatorias.
También manifestó su preocupación por el sistema de pensiones del Ministerio Público, asegurando que muchos fiscales no cuentan con las condiciones adecuadas para retirarse después de décadas dedicadas a casos de homicidios, violencia de género y delitos graves. Finalmente, sostuvo que el trabajo de fiscales y jueces demanda mayores garantías y mejores condiciones laborales, dada la alta presión y el desgaste emocional inherente a estas funciones.
