BRASILIA.- La Fiscalía de Brasil afirmó este martes que los cinco acusados de planear y ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco integraban una poderosa organización criminal dedicada a la apropiación ilegal de terrenos públicos en Río de Janeiro, vinculada a grupos de “milicianos”.
El viceprocurador general de la República, Hindenburgo Chateaubriand, sostuvo que los acusados asesinaron a la concejala al considerarla una “amenaza” para las actividades de su organización. Franco, militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), defendía el uso de terrenos en disputa para la construcción de viviendas sociales destinadas a poblaciones de bajos recursos.
“Por ese motivo, y comprobada la autoría del crimen con las pruebas presentadas, la Fiscalía pide la integral procedencia del proceso penal”, declaró el representante del Ministerio Público Federal en su alegato, durante el primer día del juicio contra los presuntos autores intelectuales.
Además de las condenas penales, Chateaubriand solicitó que los cinco acusados sean obligados a pagar indemnizaciones por daños morales y materiales a los familiares de las víctimas.
El juicio por el crimen ocurrido el 14 de marzo de 2018, que conmocionó a nivel internacional, se inició con la lectura de los cargos contra los cinco acusados. Entre ellos se encuentran Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, y su hermano, João ‘Chiquinho’ Brazão, exdiputado federal.
Ambos enfrentan los cargos de “organización criminal, doble homicidio calificado y tentativa de homicidio”.
La Fiscalía también imputó a Rivaldo Barbosa, comisario de la Policía Civil de Río; Ronald Paulo Alves, expolicía militar; y Robson Calixto Fonseca, conocido como ‘Peixe’, antiguo asesor del Tribunal de Cuentas Fluminense.
En su alegato, el representante de la Fiscalía afirmó que los hermanos Brazão se asociaron desde hace al menos tres décadas con grupos milicianos (parapoliciales) que operan en la región oeste de Río de Janeiro, con el fin de “garantizar el control” de un área de interés para sus negocios inmobiliarios.
“En contrapartida, les ofrecieron (a los milicianos) acceso al beneficio que el poder político les podía proporcionar”, aseguró Chateaubriand, refiriéndose a los diversos cargos en el Ejecutivo y el Legislativo ejercidos por los hermanos y sus aliados.
La Fiscalía citó testimonios de testigos, principalmente ex-milicianos, quienes indicaron que esta alianza les facilitó el “control territorial, la posibilidad de explotar actos ilícitos, el monopolio de las campañas electorales en las áreas dominadas y el cobro de tasas ilegales por servicios públicos”.
La acusación también presentó como pruebas las escrituras de al menos 89 terrenos en el área dominada por la milicia, registrados a nombre de los hermanos Brazão. Estos lotes, ocupados ilegalmente, fueron supuestamente regularizados mediante fraudes.
Según la Fiscalía, dichos terrenos estaban ocupados por personas de bajos recursos que solicitaban la usucapión de los mismos y luego los vendían a precios irrisorios a los hermanos Brazão.
“Pero cualquiera que se opusiera a la legislación utilizada para regularizar esos terrenos representaba una amenaza, y eso fue lo que ocurrió con Marielle Franco“, declaró la Fiscalía. “Ella comenzó a reunirse con habitantes de esas regiones y a defender la expropiación de esos terrenos para su uso en la construcción de conjuntos de viviendas de interés social”.
La Fiscalía también presentó pruebas de que, ante la amenaza percibida, la organización liderada por los hermanos Brazão infiltró a un miliciano en el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) para vigilar a la formación y seguir los pasos de sus dirigentes.
Marielle Franco, nacida en una favela y militante del PSOL, fue asesinada a tiros junto al conductor de su vehículo, Anderson Gomes, tras participar en un acto político en Río.
Los autores materiales del crimen ya han sido condenados, y uno de ellos, Ronnie Lessa, decidió colaborar con la Fiscalía y delatar a todos sus cómplices.
