La Paz.- La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, así como otros delitos. Según el fiscal Brayan Melgar, Morales también es investigado por atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Las acusaciones se basan en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, que según las autoridades dejaron al menos 16 fallecidos, incluyendo 13 muertes por falta de atención médica debido a la interrupción de las vías. Estos eventos también provocaron pérdidas económicas superiores a US$3,000 millones.
Según las investigaciones, los bloqueos fueron promovidos por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el respaldo de sectores afines a Morales. Estas acciones buscaban exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las protestas se extendieron durante siete semanas, causando desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades del país.
La denuncia fue presentada inicialmente por líderes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Además, la acción judicial también alcanza al dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva desde el 6 de julio.
Morales ha negado haber impulsado la renuncia del presidente Paz y asegura que las movilizaciones buscaban que el Gobierno atendiera las demandas de los sectores sociales. Sin embargo, el 24 de mayo publicó en la red social X que el mandatario tenía dos opciones: «militarizar» el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días.
Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, el Gobierno decretó el estado de excepción el 20 de junio y desplegó a la Policía y al Ejército para despejar las carreteras y restablecer el tránsito.
El exmandatario permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, protegido por centenares de seguidores para evitar el cumplimiento de otra orden de captura por un proceso de trata agravada de personas. En esa causa, Morales es investigado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando ejercía la Presidencia.
En mayo, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y emitió una nueva orden de captura. Según la Policía, la ejecución de esta orden se realizará cuando existan las condiciones adecuadas.
