Lima.- La Fiscalía de Perú ha solicitado una medida cautelar de 18 meses de prisión preventiva para ocho miembros del Ejército que están siendo investigados por la muerte de cinco civiles, entre ellos un ciudadano colombiano, durante un operativo realizado el pasado 25 de abril en una zona rural de la región de Huancavelica, ubicada en el sur del país. Esta información fue revelada este lunes por fuentes oficiales.
Según declaraciones del Ministerio Público, la solicitud fue presentada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de la región centroandina de Junín, que se encuentra a cargo del caso.
Los militares son investigados por el presunto delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en contra de otros tres ciudadanos que sobrevivieron al operativo. El Ministerio Público sostuvo que los imputados, miembros del Ejército del Perú, habrían incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza durante el operativo.
Los hechos ocurrieron el 25 de abril pasado en la carretera Colcabamba-Ayacucho, en la jurisdicción de la provincia andina de Tayacaja. En ese momento, una camioneta que transportaba al menos siete personas fue acribillada por militares durante un operativo antidrogas en el Valle de los Ríos Apurímacc, Ene y Mantaro (Vraem).
Como parte de la investigación abierta por la Fiscalía, los ocho militares involucrados fueron detenidos inicialmente y luego puestos en libertad bajo condiciones especiales.
Según la versión de los militares, ellos dispararon al vehículo cuando este siguió avanzando a pesar de que se le ordenó detenerse y, en cambio, sus pasajeros comenzaron a dispararles. Sin embargo, las diligencias preliminares no hallaron armas ni drogas en el vehículo acribillado por los miembros del Ejército.
Tras conocerse este caso, la organización Amnistía Internacional (AI) expresó su profunda preocupación y pidió que se investigue si hubo uso arbitrario o excesivo de la fuerza. La organización recordó que el derecho internacional requiere que toda intervención se rija por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
A su turno, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) exigió una investigación inmediata, independiente y con debida diligencia sobre lo ocurrido y que se apliquen sanciones efectivas a todos los responsables.
El comandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que entre las víctimas había un colombiano que ingresó al país de manera irregular y clandestina y contaba con antecedentes internacionales por tráfico de armas.
El Vraem es una extensa zona de selva montañosa que comprende territorios de cinco regiones del centro y sur del país, donde se produce más de la mitad de la cocaína que exporta Perú, el segundo mayor productor mundial de esa droga. En esta región operan organizaciones del narcotráfico junto al último remanente del grupo subversivo Sendero Luminoso.
