SANTIAGO DE CHILE.- El Gobierno del presidente José Antonio Kast anunció este martes que está revisando las pensiones otorgadas por Administraciones anteriores a las víctimas de la represión policial en las multitudinarias protestas de 2019, las más graves desde el fin de la dictadura chilena.
«El Gobierno está trabajando en una revisión respecto de las pensiones de gracia que se han otorgado en el contexto del estallido de octubre de 2019», dijo en declaraciones a los medios el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.
Pese a que el análisis comenzó al inicio del mandato, en marzo pasado, la noticia se conoció este martes luego del arresto de un joven por un presunto delito de tráfico de drogas, que hasta enero percibía una pensión estatal.
De acuerdo a la prensa local, el joven recibió un impacto de bala durante una manifestación en 2019 en Ovalle, al norte del país, que le provocó una fractura en el pubis. Un capitán del cuerpo de Carabineros fue condenado en 2022 a seis años de prisión por un delito de homicidio frustrado contra el joven.
Hasta el pasado enero, según el Gobierno, el joven recibía una pensión cercana a los 450.000 pesos mensuales (cerca de 510 dólares al cambio actual), que le fue retirada por razones que aún se desconocen.
La revisión de las pensiones, apuntó Pavez, «es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de una gracia especial del Presidente de la República y es algo que desde el día uno estamos haciendo».
Kast, el primer mandatario de extrema derecha desde el retorno a la democracia, ha calificado siempre las protestas de 2019 como «estallido delictual» y ha reconocido que está estudiando la posibilidad de indultar a militares y policías condenados por la represión de las marchas.
El estallido, que derivó en dos procesos constituyentes fallidos, combinó marchas pacíficas y multitudinarias con episodios de violencia desmedida, saqueos y destrucción de mobiliario público, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos más de 450 víctimas de trauma ocular, según datos recientes de la Fiscalía.
La ONU y distintas organizaciones de derechos humanos acusaron a las fuerzas de seguridad de violaciones a los derechos humanos.
