La Paz.- El Gobierno de Bolivia informó este martes que alrededor de 90.000 empleos del sector turístico están en «riesgo significativo» debido a los bloqueos de carreteras que desde principios de mayo sostienen los sindicatos campesinos y obreros que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
«Se estima que 90.000 empleos están en riesgo significativo, con especial incidencia en los departamentos más afectados (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca), donde se han registrado niveles críticos de operación», afirmó la ministra de Turismo, Cinthya Yáñez, durante la presentación de un «plan de emergencia» para el sector.
Yáñez remarcó que las pérdidas en los sectores turístico y gastronómico alcanzan los 1.100 millones de dólares, sin incluir a las actividades culturales, sobre las cuales de momento no se tienen datos exactos.
El impacto de los conflictos en el área cultural y folclórica de Bolivia derivó en la postergación de la Larga Noche de Museos y la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, declarada Patrimonio de la Humanidad, ambas en La Paz.
A esto se suma la suspensión de un festival internacional de cine que debía efectuarse en el salar de Uyuni, uno de los principales atractivos naturales situado en el suroeste del país, precisó la ministra.
«Todo esto ha generado un deterioro de la percepción del país como destino turístico seguro y confiable», lamentó.
Ante esta situación, Yáñez presentó un plan de actividades de emergencia que, según dijo, «no constituyen acciones aisladas, improvisadas, ni únicamente reactivas frente a la coyuntura», sino que busca dar «respuestas inmediatas» a la situación sin perder la visión «estructural».
El plan incluye una acción inmediata ante la crisis mediante el registro de afectaciones e impactos y la realización de medidas extraordinarias para la recuperación turística, la protección de cadenas productivas y la preservación de empleos.
También apunta a la reconstrucción y fortalecimiento estructural del sector mediante mecanismos de protección, prevención, resiliencia y reactivación.
Las protestas y bloqueos de carreteras comenzaron a principios de mayo impulsados por sindicatos campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB), a los que se sumaron sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz, dejando desabastecidas a varias ciudades.
Los conflictos han dejado hasta el momento al menos diez fallecidos, incluidas siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna por los cortes de rutas, y pérdidas económicas por más de 2.340 millones de dólares.
Paz firmó el lunes la ley de Regulación de Estados de Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas, si bien la promulgación no implica la vigencia automática de esa medida porque hace falta un decreto que, además, debe ser validado por el Legislativo.
