Los Ángeles.- El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado un proceso judicial con el objetivo de revocar la ciudadanía estadounidense de una mujer colombiana, acusada de haber ocultado información crucial durante su proceso de naturalización y de estar involucrada en operaciones financieras relacionadas con fondos provenientes del narcotráfico.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este lunes que ha presentado acciones legales contra Andrea Johana Marroquín Rubiano, de 44 años, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2009 y forma parte de un grupo de 17 personas naturalizadas recientemente señaladas por presuntas irregularidades en sus trámites migratorios.
Según las autoridades, Marroquín habría conseguido la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía ocultando datos relevantes sobre su situación personal, entre ellos un supuesto matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense. Además, la demanda sostiene que entre 2003 y 2011 la mujer participó en una trama de fraude bancario, fraude electrónico y lavado de dinero utilizando recursos heredados de su padre, identificado por la justicia como un importante narcotraficante colombiano fallecido a finales de la década de 1990.
De acuerdo con los documentos judiciales, la acusada habría empleado parte de esa fortuna para financiar operaciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida, ocultando el origen ilícito de los fondos. Aunque la demanda no revela la identidad del padre de Marroquín, las autoridades estadounidenses lo describen como un conocido capo del narcotráfico en Colombia cuyas ganancias ilegales ascendían a decenas de millones de dólares.
La investigación también menciona que un tío de la acusada, presuntamente vinculado al tráfico de drogas, fue condenado anteriormente por fraude hipotecario en una corte federal de Florida. El Departamento de Justicia sostiene que la mujer no cumplía con los requisitos de “buena conducta moral” exigidos para la naturalización y que habría mentido deliberadamente a las autoridades migratorias durante el proceso para obtener la ciudadanía.
El caso forma parte de una ofensiva más amplia impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra personas que, según el Gobierno, obtuvieron beneficios migratorios mediante fraude o falsedad documental. El fiscal interino Todd Blanche afirmó que las autoridades mantendrán una política de “tolerancia cero” frente a cualquier abuso del sistema de naturalización y advirtió que quienes hayan obtenido la ciudadanía de manera irregular enfrentarán consecuencias legales.
Si los tribunales fallan a favor del Gobierno, Marroquín perdería su ciudadanía estadounidense y regresaría al estatus migratorio que tenía antes de naturalizarse. Asimismo, quedaría expuesta a posibles procedimientos de deportación y perdería todos los derechos asociados a la ciudadanía de Estados Unidos.
