WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos responsabilizó este lunes al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, quien falleció el sábado en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal.
“La dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, quien murió este fin de semana como prisionero del régimen después de tres años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada,” afirmó el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en una publicación en la red social X.
Rivera, de 73 años, fue fundador del partido indígena Yatama, cuyo nombre significa “Hijos de la Madre Tierra” en lengua miskita. El dirigente permanecía ingresado desde el 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua debido a complicaciones respiratorias, según informaron las autoridades nicaragúseas.
Días antes de su fallecimiento, Washington había condenado los actos de “violencia e inhumanidad” atribuidos al Gobierno nicaragúse y exigido la liberación “incondicional” del exdiputado indígena.
Por su parte, el Gobierno de Nicaragua sostuvo en un comunicado que la muerte de Rivera ocurrió pese a los “enormes e intensos esfuerzos” médicos realizados para recuperar su salud. Asimismo, atribuyó su deterioro físico y neurológico a complicaciones provocadas por una bacteria asociada a secuelas de la COVID-19.
Tras conocerse la noticia, la hija del dirigente, Tininiska Rivera, solicitó a las autoridades nicaragúseas que permitan a la familia recibir el cuerpo de su padre para despedirlo de acuerdo con las tradiciones de su pueblo.
En un comunicado, expresó su “profundo dolor y preocupación” por las circunstancias que rodearon la muerte del líder indígena. También denunció que durante meses la familia permaneció sin acceso a información directa sobre su estado de salud y sin la posibilidad de verlo, hablar con él o acompañarlo durante su hospitalización.
La muerte de Brooklyn Rivera ha reavivado las denuncias internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y el trato que reciben opositores políticos e integrantes de comunidades indígenas bajo el Gobierno de Ortega y Murillo.
