San José.- El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex) hizo un llamado este lunes al Gobierno de Estados Unidos para que no se lleve a cabo la deportación a Nicaragua de Marvin Castellón Ubilla. Castellón Ubilla figura entre los 222 críticos y opositores nicaragüenses que fueron liberados de prisión, expulsados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad en febrero de 2023.
En una declaración, el Grex, una organización compuesta por opositores encarcelados durante la crisis nicaragüense iniciada hace ocho años, argumentó que Castellón Ubilla «por ser perseguido político y desterrado, no debe ser deportado» a Nicaragua.
La organización detalló que Castellón Ubilla fue encarcelado en tres ocasiones por el gobierno presidido por los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, debido a que proviene de una «familia opositora al régimen» nicaragüense.
Según el colectivo, el excarcelado político nicaragüense fue arrestado en West Palm Beach, Florida, mientras se dirigía a su trabajo en compañía de amigos. La detención se produjo cuando el vehículo que conducía sufrió un pinchazo. Oficiales de la policía le solicitaron documentos y les informaron que «quedaban arrestados por inmigración».
El Grex subrayó que Marvin Castellón Ubilla «no puede ser deportado a su país en vista de que el régimen Ortega Murillo lo desterró». Asimismo, consideró «injusto que (EE.UU.) optara por enviarlo a un tercer país», ya que, según el grupo, «no ha hecho nada malo, ha trabajado incansablemente en la rama de la construcción desde que llegó y continúa siendo un opositor al régimen». Por ello, el Grex solicitó que se le otorgue asilo político en Estados Unidos.
Este pronunciamiento se da tras la deportación, el pasado 29 de noviembre, de Juan Barilla, otro de los 222 opositores nicaragüenses exiliados en Estados Unidos. Barilla fue enviado a Honduras luego de ser detenido en EE.UU. por conducir bajo los efectos del alcohol.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social que se inició en abril de 2018. Esta situación se agudizó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo. Sus principales contendientes fueron encarcelados y posteriormente expulsados del país, despojados de su nacionalidad y de sus derechos políticos, bajo acusaciones de «traición a la patria».
