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La presunta operación habría generado más de US$6 millones en una década y parte del dinero habría sido invertido en terrenos y negocios en República Dominicana. Seis personas enfrentan cargos en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, EE. UU. — Hasta 40 mil dólares habría cobrado una mujer por organizar matrimonios fraudulentos con el propósito de facilitar beneficios migratorios a extranjeros indocumentados, según una investigación de las autoridades de Massachusetts que involucra a seis personas.
La fiscalía señala a Jennifer González, ciudadana estadounidense, como la presunta cabecilla de una red que habría organizado entre 18 y 20 matrimonios falsos al año durante más de una década. Cinco de los seis acusados fueron arrestados, de acuerdo con la información presentada por las autoridades.
“Hoy anunciamos cargos contra seis personas, cinco de las cuales fueron arrestadas”, declaró Leah Foley, fiscal general.
De acuerdo con la acusación, la supuesta operación habría generado más de US$6 millones, mediante el cobro de dinero a inmigrantes que buscaban obtener beneficios migratorios a través de matrimonios fraudulentos.
INVESTIGAN DINERO INVERTIDO EN REPÚBLICA DOMINICANA
Uno de los aspectos que llama la atención de la investigación es el posible destino de parte de los fondos obtenidos.
Según la fiscalía, un testigo colaborador habría grabado conversaciones en las que González hablaba sobre inversiones en terrenos y negocios en República Dominicana.
Las autoridades también sostienen que la propia acusada habría participado en un matrimonio fraudulento para beneficiar a un inmigrante indocumentado.
En cuanto a los demás implicados, la investigación señala que una de las acusadas trabajaba como secretaria, mientras que otras cuatro personas presuntamente recibieron dinero para casarse con inmigrantes que buscaban regularizar su situación migratoria.
TAMBIÉN INVESTIGAN BENEFICIOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
El expediente incluye presuntas irregularidades relacionadas con programas de asistencia pública.
Según la acusación, González habría recibido aproximadamente US$124,000 en beneficios de asistencia alimentaria. Además, tres de las implicadas presuntamente ocultaron sus matrimonios al solicitar cupones de alimentos.
El caso cuenta con el respaldo de la gobernadora de Massachusetts, según la información difundida sobre la investigación, que continúa bajo la supervisión de las autoridades.
¿QUÉ CONSECUENCIAS PODRÍAN ENFRENTAR LOS IMPLICADOS?
La abogada de inmigración Lina Stillman, quien no está implicada en el caso, explicó que los ciudadanos estadounidenses que participan en matrimonios fraudulentos pueden enfrentar consecuencias penales y civiles.
“Pueden enfrentar cargos penales, o sea, criminales, civiles, o sea, monetarios”, advirtió la letrada.
Stillman agregó que, si una persona obtuvo la ciudadanía estadounidense mediante fraude, también podría enfrentar un proceso de desnaturalización, procedimiento legal mediante el cual el Gobierno busca revocar la ciudadanía obtenida de manera fraudulenta.
En el caso de los inmigrantes que presuntamente pagaron por estos matrimonios, las consecuencias podrían incluir la pérdida de la residencia permanente y, en determinadas circunstancias, de la ciudadanía, dependiendo de las pruebas y de las decisiones de los tribunales.
“Lo que va a pasar seguramente es que la residencia se les puede quitar en corte de inmigración y la ciudadanía también”, sostuvo la abogada.
HASTA CINCO AÑOS DE PRISIÓN
La presunta organizadora de la red podría enfrentar una condena de varios años de prisión y la obligación de devolver dinero al Gobierno si se demuestra su responsabilidad y así lo ordena el tribunal.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el fraude matrimonial migratorio puede conllevar hasta cinco años de prisión y multas de hasta US$250,000, dependiendo de los cargos aplicables.
La investigación continúa mientras las autoridades procuran determinar si existen otras personas involucradas en la presunta trama.
Por el momento, las acusaciones deberán ser evaluadas por los tribunales. Los señalados conservan la presunción de inocencia mientras no se determine legalmente su responsabilidad.





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