Washington D.C.- La compañía tecnológica IBM ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para resolver una investigación relacionada con sus políticas de contratación en contratos federales. La empresa aceptó pagar aproximadamente $17 millones de dólares para poner fin a las acusaciones del Departamento de Justicia (DOJ).
El acuerdo surge de una pesquisa que señalaba a IBM por supuestamente presentar información falsa sobre sus procesos de contratación en acuerdos gubernamentales. El fiscal general interino, Todd Blanche, fue el encargado de anunciar la resolución.
Según las autoridades federales, IBM habría identificado a candidatos como ‘diversos’ para posiciones de contratación o promoción, al mismo tiempo que establecía objetivos demográficos basados en criterios de raza y sexo. Esto implicaría que, además de las cualificaciones como habilidades y experiencia, la empresa habría considerado características como el origen racial o el género para alcanzar metas internas de representación.
El DOJ argumentó que este tipo de criterios podría contravenir las leyes federales si influía directamente en las decisiones laborales dentro de contratos con el gobierno, los cuales deben regirse por principios de igualdad y no discriminación. Estas prácticas, según el departamento, constituirían una violación legal al ejecutarse bajo condiciones que exigen un cumplimiento estricto de las normativas laborales.
En respuesta a las acusaciones, la compañía con sede en Nueva York ha rechazado haber incurrido en conductas discriminatorias o ilegales. Un portavoz de IBM, en un comunicado enviado a CNN, expresó: “IBM está complacida de haber resuelto este asunto”. Añadió que “Nuestra estrategia laboral se basa en un solo principio: contar con las personas adecuadas con las habilidades que nuestros clientes necesitan”.
El documento del acuerdo especifica que este no implica una admisión de responsabilidad por parte de IBM, ni tampoco una confirmación absoluta de las acusaciones por parte del gobierno. La resolución se describe como un medio para evitar un litigio prolongado.
Este caso se inserta en una iniciativa más amplia del Gobierno de Estados Unidos para revisar y, en ocasiones, restringir los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), tanto en el sector público como en empresas privadas con contratos estatales. El Departamento de Justicia, desde mayo de 2025, ha utilizado la Ley de Reclamaciones Falsas, una legislación que data de la Guerra Civil, para investigar programas de diversidad, incluyendo a universidades y contratistas federales como IBM. Esta ley permite al gobierno recuperar hasta tres veces el monto de los daños y aplicar sanciones.
“Discriminar por motivos raciales es ilegal, y los contratistas del gobierno no pueden evadir la ley disfrazando estas prácticas como iniciativas DEI”, declaró Todd Blanche. El fiscal general interino añadió: “El Departamento lanzó la Iniciativa de Fraude en Derechos Civiles para erradicar estas conductas, responsabilizar a los infractores y terminar con esta práctica de una vez por todas”.
Adicionalmente, la legislación de la Ley de Reclamaciones Falsas faculta a ciudadanos particulares a presentar demandas en nombre del gobierno si detectan fraude, con la posibilidad de recibir una porción del dinero recuperado.
