Nueva York.-
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo la detención de un migrante de 21 años en los pasillos del edificio federal 26 Federal Plaza, en Manhattan. Este incidente ocurrió apenas horas después de que un juez federal prohibiera expresamente este tipo de arrestos dentro de los tribunales de la ciudad de Nueva York.
El juez federal P. Kevin Castel había emitido un fallo el lunes por la noche, impidiendo a los agentes federales realizar detenciones en las cortes de migración de la ciudad. Organizaciones de derechos humanos habían denunciado esta práctica como intimidatoria y perjudicial para el debido proceso.
El Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG), entidad que divulgó la información, anunció que, en colaboración con la Universidad de Nueva York, actuará como asesor legal en una petición de hábeas corpus relacionada con el caso.
NYLAG ha mantenido una presencia constante durante el último año en los pasillos de 26 Federal Plaza y 290 Broadway. En estos lugares, sus abogados brindan asistencia a migrantes sin representación legal y presentan recursos judiciales en nombre de personas detenidas por ICE.
Previo a esta detención, Melissa Chua, directora de la Unidad de Protección de Inmigrantes de NYLAG, había señalado que la decisión judicial representaba un alivio para aquellos que deben comparecer ante cortes migratorias. No obstante, advirtió que la organización permanecería vigilante ante posibles acciones de las autoridades federales.
Tras el arresto, Benjamin Remy, abogado coordinador sénior de la misma unidad, expresó su preocupación por la persistencia de operativos en los tribunales a pesar del fallo. “No nos sorprende que ICE haya mantenido su presencia en el 26 de Federal Plaza a pesar de la orden emitida por el juez Castel”, declaró.
Remy añadió que el equipo legal ha estado asistiendo a cientos de personas y familias afectadas por detenciones en los tribunales de inmigración del bajo Manhattan, y sostuvo que las acciones del organismo reflejan la continuidad de una política de control migratorio agresiva.
“Seguiremos en alerta”, afirmó el abogado, quien también advirtió sobre la posibilidad de que las autoridades federales extiendan estas prácticas más allá de los tribunales hacia otros espacios públicos y laborales.
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