Santo Domingo.- Abogados de cuatro imputados en los casos de corrupción Coral y Coral 5G han solicitado al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional una sentencia absolutoria. La defensa argumenta que el Ministerio Público no ha logrado demostrar los hechos de los que se les acusa en el supuesto entramado.
Entre los solicitantes de absolución figuran el general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola y Raymen Pastor del Rosario Viona, este último representado por su abogada Wendy. La petición también incluye a Lucía de los Santos Viola y Oneris Beatriz Patricio de los Santos, quienes, según el expediente, habrían tenido participación en los delitos atribuidos por el Ministerio Público dentro del mismo proceso judicial.
Adicionalmente, los representantes legales han solicitado al tribunal el levantamiento de cualquier medida de coerción vigente contra sus defendidos. También pidieron la devolución de los bienes incautados durante los allanamientos y el levantamiento de la oposición a las cuentas financieras de los implicados.
La defensa instó a las juezas a rechazar la querella en actor civil interpuesta por los abogados del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público, quienes exigen una indemnización de RD$21 mil millones. Los abogados de los imputados consideran esta solicitud improcedente y carente de base legal. Con esta acción, se unen a otros representantes que, a lo largo del juicio, han pedido la absolución de sus defendidos en los casos Coral y Coral 5G.
Por su parte, el Ministerio Público acusa a varios implicados, incluyendo efectivos policiales y militares, de conformar una supuesta red criminal. Esta red habría sido presuntamente encabezada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, y, según el expediente acusatorio, estaba compuesta por 30 personas y 18 empresas.
Las investigaciones apuntan a que esta presunta estructura operó entre los años 2012 y 2020, generando un perjuicio al Estado dominicano que supera los RD$4,500 millones. El órgano acusador sostiene que se desviaron fondos de instituciones públicas clave, tales como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). De acuerdo con el Ministerio Público, estos recursos fueron presuntamente utilizados para beneficio personal de los implicados.
Cabe recordar que el Ministerio Público ha solicitado condenas que oscilan entre cinco y 20 años de prisión para los acusados vinculados a este entramado de corrupción investigado en los casos Coral y Coral 5G.
