NUEVA YORK.- La administración del expresidente Donald Trump gastó 40 millones de dólares en la deportación de 300 inmigrantes a terceros países durante su último año de mandato. Así lo revela un informe publicado por los demócratas que integran el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
El documento, divulgado el viernes por la noche, es el resultado de una investigación de diez meses en la que los congresistas revisaron los acuerdos gubernamentales para este tipo de deportaciones. El informe destaca que estas prácticas, que antes se utilizaban de manera «excepcional», fueron sistematizadas por el Gobierno Trump, según un comunicado adjunto.
La senadora Jeanne Shaheen, quien encargó y dirigió el informe, declaró en la nota que el Gobierno estaba poniendo el dinero de los contribuyentes «en manos de gobiernos extranjeros mientras cerraba los ojos ante los costes humanos y el potencial socavamiento de nuestras relaciones diplomáticas».
El coste total de las deportaciones a terceros países hasta enero de 2026 «es desconocido, pero probablemente superior a 40 millones de dólares», ya que el Gobierno ha entregado más de 32 millones «directamente a cinco países»: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau, detalla el documento.
De los 300 inmigrantes deportados a naciones que no eran las suyas, 250 eran venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025. Las 51 personas restantes, cuya nacionalidad no se establece, fueron enviadas a otros cuatro países, la mayoría a Guinea Ecuatorial y Eswatini.
El informe de 30 páginas critica que, en muchos casos, Estados Unidos podría haber expulsado a estas personas a sus países de origen. Además, señala que más del 80 % de esos deportados a terceros países «ya han vuelto a sus países de origen o están en proceso de hacerlo».
«En algunos casos, EE.UU. pagó para enviar a migrantes a terceros países para después volver a pagar para enviarlos a su país natal», agrega el documento.
Los senadores demócratas advirtieron que el Gobierno buscaba activamente retirar el estatus legal a miles de inmigrantes en Estados Unidos, suspendiendo beneficios como el TPS (estatus de protección temporal) o el permiso humanitario, «lo que incrementa el riesgo de que se amplíen las deportaciones a terceros países».
El informe concluye que estas operaciones son costosas e ineficientes, representan un despilfarro, financian «a gobiernos corruptos sin supervisión», eluden el derecho migratorio de EE.UU. y se caracterizan por la falta de transparencia tanto en los acuerdos como en el cumplimiento de estos por parte de los terceros países.
