París.- El demoledor informe preliminar sobre el ‘caso Lyhanna’, donde una niña de once años fue violada y asesinada por un presunto violador reincidente, establece que la cadena de protección falló en múltiples ocasiones. Este lunes, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, admitió esta realidad «de extrema gravedad».
En un mensaje extenso en sus redes sociales, Lecornu reconoció que la denuncia contra Jérôme Barella, presentada por la madre de otra menor de 10 años identificada como Rosa, no fue tratada con la urgencia y el rigor necesarios. Según el informe preliminar presentado hoy, esta denuncia revela hasta cinco errores policiales y judiciales en su gestión.
El primer ministro subrayó que los fallos no se deben a problemas informáticos ni falta de recursos, sino a una serie de «errores, negligencias, inacciones y malas decisiones» cometidas en distintos niveles del sistema judicial e investigativo. «Estos fallos tuvieron consecuencias dramáticas», afirmó.
Según Lecornu, el caso de Rosa se desarrolló además en un contexto donde numerosas denuncias similares acumulan retrasos en su tramitación. Para impulsarlas, el Gobierno ordenó este mes reexaminar antes del 14 de julio las 70.000 denuncias existentes.
El ministro aseguró que el Estado asumirá plenamente sus responsabilidades y descartó cualquier intento de eludirlas. «Los poderes públicos no se desentenderán. Debemos reconocer este fallo, determinar con precisión las responsabilidades y extraer todas las consecuencias, incluidas las individuales», señaló.
El ministro del Interior, Laurent Núñez, anunció hoy en un comunicado que solicitó a la IGGN (Inspección General de la Gendarmería Nacional) abrir «una investigación interna para esclarecer las responsabilidades de cada persona involucrada». Además, ordenó el traslado inmediato del investigador principal y del comandante de la compañía asignada a puestos ajenos al ámbito de las investigaciones criminales.
Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció una investigación administrativa contra un fiscal sustituto de la Fiscalía de Auch con «sanciones que estarán a la altura de los graves fallos constatados», según explicó en una entrevista en TF1.
Lecornu también anunció que él mismo y varios ministros recibirán próximamente a las familias afectadas en el caso. Como respuesta al informe, el Gobierno reforzará el proyecto de ley sobre protección infantil para hacer obligatoria la realización de los principales actos de investigación durante los tres primeros meses posteriores a una denuncia por violación de un menor.
Además, se garantizará que los padres reciban información clara sobre la identidad de los adultos responsables de actividades extraescolares y de ocio en las que participan sus hijos. Otra medida prevista es el endurecimiento de penas para agresores sexuales reincidentes de menores.
