Santo Domingo, RD.- La Red Nacional de Jueces de la República Dominicana, a través de su presidenta, Yokauris Morales, ha calificado de “comunicado político” la reciente respuesta del Consejo del Poder Judicial (CPJ) a los reclamos del sector. Esta declaración surge luego de que ese organismo informara que el Ministerio de Hacienda y Economía habilitaría recursos presupuestarios para atender las demandas de jueces, juezas y servidores judiciales.
En consecuencia, la Red Nacional de Jueces ha confirmado que el paro programado para este jueves 21 de mayo se mantiene. Morales urgió al Ministerio de Hacienda a pronunciarse oficialmente, argumentando que la comunicación emitida por el Poder Judicial carece de soluciones concretas y plazos definidos.
La magistrada Morales describió la comunicación del CPJ como una muestra de “irrespeto” e “indignación”, al considerar que el organismo trasladó la responsabilidad de la solución del conflicto a un tercero. Asimismo, criticó la forma en que los jueces se enteraron de la decisión, primero a través de los medios de comunicación y posteriormente mediante un correo institucional, indicando que “El diálogo no debe ser con los medios de comunicación”.
La presidenta de la Red enfatizó que la respuesta esperada debía incluir medidas concretas y fechas definidas, señalando que “La carta enviada a los medios y distribuida de manera masiva a toda la familia jurídica y judicial no ofrece una respuesta concreta”. Además, Morales recordó que esta problemática se discute desde el año 2022, cuestionando la incertidumbre sobre la disponibilidad de los recursos en 2026 y 2027.
En respuesta, Morales adelantó que se sostendrán reuniones con las consejeras representantes de los distintos niveles judiciales, incluyendo jueces de primera instancia, cortes y jueces de paz, para analizar las políticas institucionales y la denominada “Ruta 20-34”, de la cual expresó: “Ya hemos recorrido una ruta que durante siete años nos ha dejado prácticamente en indefensión, en un estado de indignación y ahora también de irrespeto total”.
La jueza insistió en la necesidad de un diálogo directo con el Consejo del Poder Judicial, lamentando la falta de una adecuada recepción por parte del CPJ a quienes, según afirmó, sirven dignamente a la nación dominicana. “Merecemos ser tratados con dignidad, así como nosotros tratamos a los usuarios cada día”, subrayó Morales.
Las principales exigencias de los jueces, juezas y servidores judiciales incluyen: un aumento salarial, mejores condiciones laborales, un sistema de movilidad y ascensos basado en méritos, el rechazo al actual manual de evaluación, la ejecución inmediata de ascensos pendientes y el fortalecimiento de los recursos humanos en el Poder Judicial. “Lo que estamos pidiendo es dignidad para nuestros servidores judiciales y dignidad para la justicia dominicana”, sentenció Morales.
Morales finalizó expresando la expectativa de contar con un sistema judicial fortalecido por jueces y servidores comprometidos, al tiempo que anunció que, como colectivo, fijarán una posición unánime y clara directamente ante el Consejo del Poder Judicial, y no a través de la prensa.
El paro nacional convocado para el 21 de mayo cuenta con el respaldo de aproximadamente 450 jueces y juezas de todo el país, y su paralización provocará la suspensión de las audiencias pautadas para ese día.
El presidente de la Asociación de Jueces de Paz, Dante Ozuna, ratificó la decisión de mantener el paro, argumentando que las medidas anunciadas por el Consejo del Poder Judicial no constituyen una solución concreta ni generan un impacto real en las demandas planteadas. “Queremos soluciones concretas, medibles y que incluyan a los servidores judiciales”, precisó Ozuna.
Por su parte, el Poder Judicial informó que impulsa nuevas medidas de mejora en materia de infraestructura, talento humano y exigencias salariales, tras una reunión del Consejo del Poder Judicial.
En este contexto, el Ministerio de Hacienda y Economía habilitará recursos presupuestarios para respaldar la indexación salarial, la mejora de infraestructuras judiciales y la lucha contra la mora judicial, acciones contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034, impulsado por el Consejo del Poder Judicial.
Estos recursos presupuestarios se habilitarán de manera gradual en los presupuestos de 2026 y 2027, con el fin de sostener los objetivos estratégicos del plan, que incluyen la indexación salarial, el fortalecimiento del acceso a la justicia, la modernización de la infraestructura judicial, la optimización de procesos y la reducción de la mora judicial.
