Bogotá.- Un juez colombiano ha emitido una orden al presidente Gustavo Petro para que suspenda los bombardeos contra grupos armados ilegales en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. La decisión fue tomada hasta que el Gobierno adapte los protocolos de las operaciones militares para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.
El fallo fue emitido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Arauca, que instruyó al mandatario, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y al comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Fernando Silva, a reforzar las medidas de inteligencia antes de autorizar cualquier operación aérea.
El fallo establece un plazo máximo de dos meses para que las autoridades revisen y ajusten los procedimientos con el objetivo de identificar la posible presencia de menores de edad antes de ejecutar bombardeos. La acción judicial fue presentada por el personero municipal de Puerto Rondón, Óscar Fernando Vanegas, quien argumentó la necesidad de establecer protocolos compatibles con el derecho internacional humanitario (DIH) para salvaguardar los derechos de los menores durante las operaciones militares.
El juez consideró que el Estado debe adoptar todas las medidas posibles para evitar que niños y adolescentes sean víctimas de ataques dirigidos contra organizaciones armadas ilegales. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre 2019 y 2024 más de 1,200 niños y adolescentes fueron reclutados por grupos armados ilegales en Colombia, lo que representa un incremento del 300% durante ese período.
El organismo internacional ha advertido que el reclutamiento forzado continúa siendo una de las principales amenazas para la niñez en las regiones afectadas por el conflicto armado. El fallo judicial se conoce un mes después de que el presidente Petro autorizara nuevamente los bombardeos contra las disidencias de las FARC comandadas por alias Iván Mordisco, luego de violentos enfrentamientos registrados en el departamento del Guaviare.
En esa zona fueron encontrados 48 cadáveres, entre ellos al menos 11 menores de edad, un hecho que reavivó el debate sobre el impacto de las operaciones militares en la población infantil. El departamento de Arauca continúa siendo uno de los territorios más afectados por la violencia armada. Allí operan la guerrilla del ELN y varias disidencias de las antiguas FARC, organizaciones que mantienen una disputa por el control de corredores estratégicos utilizados para el narcotráfico y el contrabando.
La orden judicial representa un nuevo desafío para la política de seguridad del Gobierno colombiano, al exigir mayores garantías para la protección de la población civil, especialmente de los menores de edad, en medio del conflicto armado.
