Ciudad de Guatemala.- Un juez guatemalteco dictaminó este martes la medida de arresto domiciliario para dos líderes indígenas del país, quienes han sido calificados como «presos políticos» por diversas organizaciones sociales. Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron encarcelados desde hace más de quince meses bajo cargos de terrorismo por liderar las protestas de 2023 en defensa de la democracia.
El proceso penal contra ambos, detenidos en abril de 2025, se remonta a las manifestaciones de octubre y noviembre de 2023, cuando pueblos indígenas encabezaron bloqueos masivos para exigir el respeto a los resultados electorales que llevaron al actual presidente Bernardo Arévalo de León al poder. La Fiscalía entonces liderada por Consuelo Porras intentó anular dichos resultados.
Porras abandonó su cargo en mayo pasado tras ocho años marcados por denuncias de corrupción y persecución judicial contra periodistas, activistas y políticos. Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado a Porras por corrupción y socavamiento de la democracia.
El juez penal Mynor Moto revocó la prisión preventiva que pesaba en contra de Pacheco y Chaclán, ambos exdirectivos de la organización indígena ’48 Cantones de Totonicapán’, dictando el arresto domiciliario y estableciendo una fianza de 160.000 quetzales (unos 20.600 dólares) a cada uno.
En la audiencia, el juez también acató una orden de la Sala Cuarta de Apelaciones para sumar el delito de asociación ilícita a los cargos ya existentes de terrorismo y obstrucción a la acción penal contra los acusados, dando plazo hasta el 3 de septiembre próximo para presentar pruebas de descargo.
«El servicio comunitario no es cometer ningún delito. Recobrar la libertad es un paso grande para Guatemala, pero la caución (fianza) es muy elevada», declaró Pacheco tras salir de la audiencia celebrada este día para la revisión de cargos.
Además del pago de la fianza, la resolución judicial prohíbe a Pacheco y Chaclán salir del país, les exige firmar el libro de control una vez al mes y los inhabilita para ejercer cargos públicos. Pacheco se desempeñaba como viceministro de Energía y Minas antes de su captura.
En la misma sesión de este martes, el juzgado separó del caso a la extremista Fundación Contra el Terrorismo como querellante por no presentarse al tribunal. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han calificado el caso de «criminalización», señalando que la privación de libertad preventiva de 15 meses superó el máximo de un año fijado por la legislación guatemalteca.
