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El fallo mantiene las restricciones a la colaboración de las agencias municipales con ICE, pero no impide que las autoridades federales realicen detenciones migratorias conforme a la ley.
NUEVA YORK.— Un juez federal de Brooklyn desestimó la demanda presentada por la administración del presidente Donald Trump contra las leyes santuario de la ciudad de Nueva York, en una decisión que representa un revés judicial para el Gobierno federal en su intento de ampliar la cooperación de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El juez Ramón E. Reyes Jr., del Tribunal Federal para el Distrito Este de Nueva York, rechazó los argumentos de Washington para obligar a la ciudad a modificar sus políticas de cooperación migratoria y compartir más información con las autoridades federales.
La decisión mantiene vigentes las disposiciones municipales que limitan la colaboración de la policía, las cárceles y otras dependencias de la ciudad con los operativos migratorios federales.
El Gobierno de Trump había cuestionado estas normas al considerar que obstaculizaban la aplicación de las leyes federales de inmigración. Sin embargo, el tribunal concluyó que el Gobierno federal no había demostrado una base legal suficiente para obligar a las autoridades municipales a utilizar sus propios recursos y empleados en la ejecución de sus políticas migratorias.
LAS LEYES SANTUARIO SIGUEN VIGENTES
Las leyes santuario de Nueva York establecen límites a la cooperación de las agencias municipales con ICE, particularmente cuando las autoridades federales solicitan que una persona permanezca detenida después de haber cumplido con los requisitos de su custodia local.
En términos generales, una solicitud administrativa de retención migratoria, conocida como detainer, no obliga automáticamente a la policía o a las cárceles municipales a mantener detenida a una persona.
La normativa local establece condiciones específicas para determinadas formas de cooperación, entre ellas requisitos relacionados con órdenes judiciales y circunstancias vinculadas a delitos graves o violentos.
El principio central de estas disposiciones es que los recursos municipales no deben destinarse automáticamente a ejecutar funciones federales de inmigración fuera de los límites establecidos por la legislación local.
ICE PODRÁ CONTINUAR SUS OPERATIVOS
El fallo no elimina las facultades de ICE ni impide que sus agentes investiguen, arresten o detengan a personas cuando exista autoridad legal para hacerlo.
Tampoco concede inmunidad migratoria a quienes viven en Nueva York. Las personas inmigrantes pueden continuar sujetas a procedimientos federales, incluidas las actuaciones de deportación, según las circunstancias particulares de cada caso.
La diferencia jurídica radica en el alcance de las obligaciones de las autoridades locales: la ciudad no está obligada a convertirse automáticamente en auxiliar de las agencias federales para ejecutar sus políticas migratorias.
Un detainer de ICE es, por regla general, una solicitud dirigida a una institución local para que notifique a las autoridades migratorias o mantenga a una persona bajo custodia durante un período adicional, que puede alcanzar las 48 horas, conforme a las condiciones aplicables. No equivale por sí mismo a una orden judicial firmada por un juez.
¿QUÉ DERECHOS TIENEN LOS INMIGRANTES?
Las personas inmigrantes conservan determinados derechos constitucionales, independientemente de su estatus migratorio.
Si agentes de ICE se presentan en una vivienda, los residentes pueden solicitar que muestren una orden judicial válida. Una orden administrativa de inmigración no autoriza necesariamente a los agentes a ingresar por la fuerza en un domicilio privado sin consentimiento.
Entre las recomendaciones generales para las personas que puedan enfrentar una intervención migratoria figuran:
- Ejercer el derecho a guardar silencio y solicitar asesoramiento legal.
- No firmar documentos que no comprendan.
- Pedir un intérprete si lo necesitan.
- No consentir voluntariamente un registro si no desean autorizarlo.
- Mantener la calma y no oponer resistencia física, incluso si consideran que el procedimiento es irregular.
- Documentar el operativo de manera segura, siempre que hacerlo no interfiera con la actuación de los agentes.
Estas orientaciones son generales y no sustituyen la asesoría de un abogado especializado en inmigración.
ASISTENCIA LEGAL GRATUITA EN NUEVA YORK
La ciudad dispone de recursos para orientar a los inmigrantes que necesitan asistencia jurídica.
Las personas pueden llamar al 800-354-0365, la línea gratuita de asistencia legal migratoria de la ciudad, o comunicarse con el 311 y solicitar información sobre servicios legales de inmigración.
En caso de detención, es recomendable que los familiares reúnan el nombre completo de la persona, su fecha de nacimiento, país de origen, número de extranjero —si dispone de él— y cualquier información sobre el lugar de detención o el procedimiento judicial pendiente.
También es importante preparar un plan familiar de emergencia, especialmente cuando hay niños, adultos mayores o personas que dependen de cuidados médicos.
UN DEBATE QUE CONTINÚA
La decisión judicial representa un nuevo capítulo en la disputa entre la administración Trump y las jurisdicciones que mantienen políticas de protección para las comunidades inmigrantes.
Mientras el Gobierno federal sostiene que necesita una mayor cooperación local para aplicar las leyes migratorias, los defensores de las políticas santuario argumentan que las ciudades deben conservar autonomía para administrar sus recursos y mantener la confianza de sus residentes en las instituciones públicas.
El alcance del fallo debe interpretarse con precisión: Nueva York mantiene sus restricciones a determinadas formas de cooperación con ICE, pero no puede impedir por completo la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Para las comunidades inmigrantes, la decisión reafirma los límites de la colaboración municipal con las autoridades federales, sin eliminar los riesgos asociados a los procedimientos migratorios ni la necesidad de conocer sus derechos.
