Santo Domingo.-
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, anunciará el próximo 15 de junio si envía a juicio a Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set Club, acusados de homicidio involuntario tras el colapso del techo del establecimiento, que provocó la muerte de 236 personas y dejó 180 heridas.
La decisión del magistrado de reservarse el fallo hasta las 10:00 de la mañana de la fecha indicada busca permitir una ponderación exhaustiva de los argumentos presentados por el Ministerio Público, los representantes legales de las víctimas y la defensa de los imputados.
Durante la audiencia preliminar, familiares de los fallecidos y afectados expusieron ante el tribunal el impacto devastador de la tragedia en sus vidas, mientras que los acusados y sus abogados presentaron sus respectivas defensas.
El Ministerio Público ha solicitado formalmente el envío a juicio de los hermanos Espaillat, argumentando la existencia de pruebas suficientes que demuestran su responsabilidad en los hechos imputados.
A la salida del tribunal, Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, manifestó su expectativa de que el juez dicte una resolución conforme a la ley y ordene el enjuiciamiento de los acusados.
Camacho señaló la dificultad de establecer una sanción plenamente proporcional al daño causado, debido a las limitaciones de un Código Penal vigente desde hace más de 140 años. “Lamentablemente, en las condiciones actuales del Código Penal es difícil hacer una correlación entre la sanción que establece la norma y el dolor que han vivido los cientos de víctimas como consecuencia de la irresponsabilidad y negligencia extrema de los administradores de esta discoteca”, afirmó.
El funcionario detalló que la investigación del Ministerio Público fue exhaustiva desde el inicio, incluyendo la designación de una comisión de peritos, con un experto internacional, que determinó que el colapso se debió al sobrepeso colocado en el techo por los administradores. Este punto, según Camacho, está sustentado por el peritaje y aceptado por la defensa.
El caso incluye una discusión técnica sobre la calificación jurídica, que el tribunal deberá resolver. El Ministerio Público sostiene que se trata de un caso de culpa consciente, basado en la representación del daño y el conocimiento de las posibles consecuencias.
Las investigaciones del Ministerio Público indican que los imputados implementaron “soluciones paliativas inadecuadas” para reducir costos, a pesar de tener conocimiento de graves problemas estructurales en el techo. Estas fallas habrían sido evidenciadas por reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones internas.
Asimismo, se les atribuye haber sobrecargado la estructura al instalar seis aires acondicionados de entre 15 y 20 toneladas cada uno, además de tinacos de agua, sin los estudios técnicos que garantizaran la capacidad del edificio. Esta sobrecarga, sumada a desperfectos preexistentes, habría provocado el derrumbe y la consecuente tragedia.
Camacho concluyó expresando la esperanza de que, sobre esta base probatoria, el caso sea enviado a juicio.
