Caracas.- La ley de amnistía impulsada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha entrado en un período de desaceleración, con una notable disminución en los anuncios de liberaciones. Más de un mes después de su promulgación, su aplicación continúa generando interrogantes sobre el verdadero camino hacia la reconciliación en un país marcado por años de profunda crisis política.
Promulgada el 19 de febrero, la normativa fue anunciada tras contactos con Estados Unidos luego de la operación militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Rodríguez ha defendido la amnistía como una vía para el reencuentro y la convivencia democrática y pacífica. Sin embargo, expertos y organizaciones no gubernamentales (ONG) critican la falta de listas de detenidos para verificar el proceso, la ambigüedad sobre los delitos cubiertos y que se enfoque en 13 episodios específicos, a pesar de que, en principio, engloba los 27 años del chavismo (1999-2026).
A continuación, se presenta un balance sobre la implementación y los desafíos de esta ley:
En declaraciones a EFE, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, señaló que la aplicación de la ley persiste, pero «desde hace aproximadamente dos semanas se ha visto que ha bajado significativamente el número de personas liberadas con la amnistía».
En este sentido, Himiob advirtió que «si no se termina de liberar a los más de 500 presos políticos que aún quedan, parecería evidente que el Gobierno interino no tendría verdadera voluntad política de hacer cesar la prisión y la persecución política».
«El hecho de que no se haya comenzado a desmantelar el aparato represivo – los policías, fiscales y jueces siguen siendo los mismos – sería una evidencia de que con la amnistía, pese a que ha tenido aspectos positivos, se buscaba más un efecto simbólico y mediático que un cambio real», afirmó Himiob, cuya ONG se dedica a la defensa de los presos políticos.
Hasta el 26 de marzo pasado, 8.146 personas habían obtenido libertad plena bajo la Ley de Amnistía, según informó entonces el diputado chavista y presidente de la comisión de seguimiento de la norma, Jorge Arreaza.
De ese total, 310 estaban encarceladas y otras 7.836 tenían libertad restringida con medidas cautelares, como prohibición de salida del país o presentación periódica ante tribunales.
Hasta esa fecha, la comisión había recibido 11.559 solicitudes válidas.
Por su parte, Foro Penal contabiliza, entre el 8 de enero y el 2 de abril, un total de 743 excarcelados y liberados, de los cuales 187 corresponden a la amnistía, indicó Himiob.
Expertos señalan «errores y avances» en la aplicación.
Para Óscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, la Ley de Amnistía nació con un «pecado original» o un «error de concepción», explicando a EFE que «quien está en el poder cree que está concediendo un perdón».
«Y la amnistía – argumentó – no es perdón. La amnistía es un proceso histórico, político, para avanzar hacia un proceso de reconciliación y de paz».
En ese sentido, Murillo denunció que el proceso ha estado «enlodado en burocracia, en actitudes y respuestas discrecionales (de) a unos sí, a otros no».
También sostuvo que la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía, propuesta por Provea, se adoptó, pero no con el planteamiento original de vincular en la verificación a instituciones como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Cruz Roja, la Iglesia, comités de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y diputados nacionales.
«Entonces, hoy día esta comisión lanza una cifra, 6.000, 5.000 solicitudes, dimos tanto (beneficios). Yo no puedo decir que es mentira, pero tampoco la puedo verificar, porque no hay posibilidad de contrastar ni de verificar esa cifra», sentenció Murillo.
En este contexto, Murillo describe la norma como «una parada» inicial «de un largo camino de recomposición institucional», en la que destaca, por ejemplo, que la consulta para la aprobación de la amnistía «generó diálogo», aunque posteriormente – aseveró – «se volvió a esta retórica inicial de ‘yo soy quien está en el poder y yo soy el que concedo la libertad y la concedo a mi manera’ «.
Frente a las exclusiones, en su mayoría de militares y de personas acusadas de corrupción, homicidio o señaladas de instigar, solicitar, invocar acciones armadas o de fuerza contra el país por parte de extranjeros, Himiob aclaró que si bien la amnistía «era un paso importante», no es el único.
«Nos queda ahora trabajar no solo en que se siga aplicando la amnistía, sino en la búsqueda de otros mecanismos que permitan que se logre la libertad y, más allá, que se desmantele el aparato represivo para que lo que hemos venido padeciendo todos estos años ya no tenga cabida en Venezuela«, concluyó Himiob.
