Washington D.C.– La Cámara de Representantes federal aprobó este jueves el “Farm Bill” (Ley Agrícola), oficialmente conocido como la Ley de Agricultura, Alimentación y Seguridad Nacional de 2026 (H.R. 7567), sin incluir una disposición directa para la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). A pesar de esta exclusión en el texto de la ley, el informe del Comité de Agricultura que acompaña al proyecto sí expresa apoyo a dicho cambio.
La medida fue aprobada con 224 votos a favor y 200 en contra. El respaldo provino de 209 republicanos y 14 demócratas, mientras que tres republicanos —Brian Fitzpatrick (Pennsylvania), Andrew Garbarino (Nueva York) y Harriet Hageman (Wyoming)— votaron en contra. Durante el proceso, los legisladores eliminaron disposiciones controvertidas relacionadas con pesticidas, que habrían impedido a los estados exigir etiquetas sobre efectos nocivos para la salud diferentes a los establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).
El presidente del Comité de Agricultura de la Cámara, el republicano Glenn «GT» Thompson, celebró la aprobación, destacando que la legislación fue «redactada en los campos y las comunidades rurales», no en los pasillos del Congreso. En un mensaje en la red social X, Thompson, representante por Pennsylvania, afirmó que «cada disposición es un reflejo directo de lo que aprendimos durante cada una de las más de 150 sesiones de escucha que celebró el Comité de Agricultura» y que el proyecto de ley «representa una victoria para nuestros agricultores, ganaderos, silvicultores, comunidades rurales y todos los estadounidenses».
Tras su paso por la Cámara Baja, el proyecto ha sido remitido al Senado para su evaluación. La falta de consenso bipartidista ha llevado a múltiples prórrogas de la Farm Bill anterior; la Ley Agrícola de 2018 ha sido extendida tres veces desde su vencimiento original en 2023.
Los esfuerzos para la transición de Puerto Rico a SNAP, impulsados por el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, y otras partes interesadas, no lograron ser integrados en la versión aprobada de la legislación. El comisionado Hernández intentó añadir como enmienda su proyecto H.R.5168, que busca facilitar esta transición en un período mínimo de 10 años, pero la iniciativa no prosperó.
No obstante, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y su equipo informaron que el reporte del Comité de Agricultura (H. Rept. 119-620, Book 1) que acompaña al H.R. 7567 sí incluye un lenguaje impulsado por su administración a favor de la transición. Según el comunicado, el reporte expresa el «apoyo del comité al objetivo de transición de PAN a SNAP, y reconoce que SNAP proveería más herramientas para promover empleo en la isla». Además, se insta a Puerto Rico y al Departamento de Agricultura federal (USDA) a «continuar formulando un plan hacia la transición que sea viable en términos financieros y operacionales».
Específicamente, el informe señala: «El comité respalda el objetivo de que Puerto Rico, en última instancia, transite de la subvención en bloque del PAN al programa SNAP, y reconoce que el SNAP proporcionaría a Puerto Rico más herramientas para fomentar el empleo. El comité insta tanto al USDA (Departamento de Agricultura) como a Puerto Rico a continuar formulando una vía financiera y operativamente viable para dicha transición, y a mantener un diálogo constante con el Congreso sobre los avances logrados en este esfuerzo. Específicamente, el Comité insta al Departamento a brindar una asistencia técnica sólida a Puerto Rico a lo largo de este proceso».
Para la Administración González, este lenguaje es una clara señal de que el apoyo para la participación de Puerto Rico en SNAP se mantiene. La gobernadora González declaró: «Esta es una iniciativa que se ha evaluado y discutido por varios años, incluyendo durante mis 8 años como comisionara residente. Ahora como gobernadora, no solo apoyo y aprecio el reporte y su lenguaje referente a la transición, sino que continuaré trabajando arduamente porque Puerto Rico esté cada vez mejor preparado para operar SNAP. Nuestra colaboración con USDA se fortalecerá aún más y, de igual manera, la calidad de servicios ofrecidos a sobre 1.2 millones de participantes del PAN. Agradezco al presidente, G.T. Thompson, por su trabajo y respaldo durante este proceso».
El Título IV de Nutrición del mismo documento legislativo recalca que el Congreso reconoce la capacidad de SNAP para ayudar a hogares de bajos ingresos a adquirir alimentos que contribuyen a la prevención de enfermedades crónicas, discapacidades y costos de atención médica insostenibles. Asimismo, establece como política del Congreso que el USDA administre SNAP en beneficio de los participantes, especialmente los niños.
Otras disposiciones relevantes en la ley aprobada incluyen la prohibición permanente de nuevas tarifas a los minoristas autorizados por SNAP, una medida establecida inicialmente en la Ley Agrícola de 2018. La legislación también faculta a las agencias estatales de SNAP a utilizar personal no sujeto al sistema de méritos en el proceso de certificación del programa bajo ciertas circunstancias, y autoriza al USDA a ofrecer asistencia técnica y múltiples oportunidades para que los minoristas cumplan con los requisitos de elegibilidad de surtido e inventario para participar en SNAP.
Además, el texto exige que el USDA incluya todos los errores de pago identificados, sin importar su monto, en un informe anual suplementario y que promulgue una norma sobre la seguridad de las tarjetas EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios) en un plazo de seis meses. Se requerirá que el secretario del USDA presente un informe anual ante el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes y el Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado, detallando las acciones tomadas para abordar los aumentos en las solicitudes de SNAP y la capacidad de procesarlas oportunamente.
Finalmente, la legislación solicita un informe sobre los gastos administrativos de SNAP, a ser elaborado por el Contralor General de EE.UU. en un plazo de 12 meses. Este informe deberá examinar las causas de la variación en los costos administrativos entre los estados, identificar los factores que contribuyen a su aumento y ofrecer recomendaciones al Departamento de Agricultura y al Congreso para mejorar la supervisión de dichos costos.
El Diario intentó obtener clarificaciones de un portavoz del Comité de Agricultura sobre las disposiciones referentes a Puerto Rico, pero no obtuvo respuesta.
