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Santo Domingo.- En un panorama de crecientes denuncias, el gobierno dominicano enfrenta cuestionamientos sobre su aparente “ceguera” ante la operación de miles de bancas de lotería ilegales, dirigidas por figuras públicas con cargos de responsabilidad. Las pérdidas fiscales que esto ocasiona, según empresarios del sector, afectan directamente a la economía nacional, mientras que la falta de acción por parte del Ministerio de Hacienda sugiere una posible complicidad oficial con estos grandes empresarios.
José Castillo, representante legal de un grupo de propietarios de bancas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales, sostiene que tanto un diputado como un senador operan en la ilegalidad y evaden millones en impuestos. Según sus declaraciones, el diputado Carlos Echevarría, bajo su empresa NEGOSUR, y el senador Eduardo Alexis Espiritusanto Castillo manejan más de 1,000 bancas ilegales entre ambos. Esto representa una evasión de aproximadamente 80 millones de pesos al año, dinero que debería contribuir a los fondos públicos. Sin embargo, debido a la falta de regulación y control por parte de las autoridades, estos fondos se pierden en la informalidad.
Una Economía Dividida por el Juego Ilegal
La denuncia no solo revela irregularidades, sino una fractura profunda en el sector de las bancas de lotería. Según Castillo, mientras un grupo de propietarios lucha por mantenerse al día en el pago de impuestos, otro sector opera libremente con la protección de figuras de poder. Esto, además de crear una competencia desleal, mina la confianza en las instituciones reguladoras y ahoga a los pequeños y medianos empresarios del sector.
La Exigencia de Transparencia y Control
La falta de respuesta del gobierno y del Ministerio de Hacienda no solo contribuye a la evasión de impuestos, sino que también sugiere que existen privilegios para ciertos empresarios. Los denunciantes exigen una regulación estricta que permita operar únicamente a las bancas que cumplan con los requisitos legales y fiscales, impidiendo así que unos pocos influyentes sigan aprovechándose de una economía desregulada.
Es imperativo que el gobierno retire la venda de sus ojos y tome medidas urgentes para regular el sector, asegurar la recaudación fiscal y, sobre todo, restaurar la confianza ciudadana en el sistema.
