Nueva York.-
La ciudad de Nueva York cuenta actualmente con casi 8,000 cobertizos de aceras activos, una disminución de aproximadamente 1,000 en comparación con hace cinco años. A pesar de esta cifra, la Ley de Andamios del estado, promulgada en 1885, ha sido objeto de una creciente controversia. Si bien originalmente se concibió para proteger a los trabajadores de la construcción, un análisis reciente sugiere que la legislación podría estar siendo utilizada de manera perjudicial, especialmente contra trabajadores inmigrantes.
Esta normativa impone una responsabilidad objetiva automática a contratistas y propietarios por lesiones relacionadas con la gravedad, sin considerar la posible responsabilidad de otras partes. Esta característica distingue a Nueva York, ya que es el único estado en el país que aplica una ley de esta índole. Los restantes 49 estados emplean el criterio de negligencia comparativa, que evalúa la responsabilidad de cada parte en un accidente, un enfoque considerado más equitativo y moderno para el sector de la construcción.
El sector de la construcción ha experimentado avances significativos en seguridad desde el siglo XIX. Hoy en día, se aplican estrictas normativas, como la capacitación de la OSHA y los requisitos de equipo de protección personal. No obstante, críticos argumentan que la Ley de Andamios ha creado una “mina de oro” legal para un grupo selecto de abogados, quienes se benefician del principio de responsabilidad objetiva para sustentar sus negocios.
Las tendencias observadas en los tribunales de Nueva York revelan un patrón preocupante en el que trabajadores inmigrantes, particularmente latinos, son vulnerables. Aquellos con estatus indocumentado o limitado dominio del inglés son a menudo objetivo de abogados demandantes agresivos que utilizan la Ley de Andamios a su favor. La combinación de la responsabilidad objetiva por lesiones por gravedad y la falta de familiaridad de los trabajadores con el sistema legal puede derivar en cuantiosas indemnizaciones, de las cuales, según los críticos, la mayor parte beneficia a los abogados y otros intervinientes, dejando una porción menor para el trabajador.
La magnitud de los casos y las indemnizaciones multimillonarias asociadas a la Ley de Andamios evidencian su presunto abuso. Un informe de las aseguradoras Chubb y Aon indica que los reclamos por responsabilidad civil general por lesiones corporales superiores a los $250,000 son más de 30 veces más frecuentes en Nueva York que en otros estados. Numerosos veredictos alcanzan decenas de millones de dólares.
Aseguradoras denuncian que se ha consolidado una “estafa desenfrenada” en los tribunales neoyorquinos, donde abogados demandantes reclutan a trabajadores de bajos recursos, a menudo indocumentados, para protagonizar los casos. Se alega que, para inflar el valor de las demandas, se recurre a una red de médicos y cirujanos que realizan procedimientos médicos innecesarios. Con millones de dólares en juego, los inmigrantes suelen ser víctimas de fraude, mientras abogados y cómplices se lucran considerablemente.
Como ejemplo, en 2012, un inmigrante indocumentado de República Dominicana demandó tras tropezar en una escalera. Aunque el caso se resolvió por $1.7 millones –considerado un valor bajo para este tipo de reclamos bajo la Ley de Andamios en Nueva York– el demandante recibió solo el 25 por ciento de la indemnización. Sus abogados de Subin Associates, así como financistas y médicos asociados al estudio jurídico, se quedaron con el resto.
Tonio Burgos, excomisionado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, subraya la irresponsabilidad de ignorar este sistema que, paradójicamente, explota a los mismos trabajadores que dice proteger, siendo los inmigrantes latinos una parte fundamental de la mano de obra en la construcción de Nueva York. Dada la influencia de los abogados litigantes en Albany, Burgos sugiere que la reforma de la Ley de Andamios debe abordarse a nivel federal. El objetivo, enfatiza, no es menoscabar la seguridad, sino proteger a los trabajadores inmigrantes de prácticas abusivas y asegurar el crecimiento económico de Nueva York sin comprometer la dignidad comunitaria.
