La reciente aprobación en primera lectura del proyecto que busca crear el Ministerio de Justicia en la República Dominicana ha puesto en evidencia un dilema institucional que no puede ser pasado por alto. Este debate trasciende la simple reorganización administrativa y toca el corazón mismo del equilibrio de poderes y la eficiencia del sistema judicial.
Desde 1964, tras la desaparición del antiguo Ministerio de Justicia, el Ministerio Público ha asumido funciones que exceden su mandato constitucional, como la administración penitenciaria y la representación legal del Estado en asuntos civiles. Esta acumulación de responsabilidades ha generado tensiones y ha distraído al Ministerio Público de su función esencial: la investigación penal y la acción pública.
En este sentido, el proyecto presentado representa una oportunidad para devolver claridad y orden a estas funciones, como bien señala el abogado Edward Moreno. Sin embargo, esta oportunidad debe abordarse con cautela. La abogada Dángela Ramírez Guzmán plantea una advertencia válida sobre los riesgos de fortalecer excesivamente el Poder Ejecutivo y generar confusión institucional. Su propuesta de fortalecer la Procuraduría General de la República merece ser tomada en cuenta como una alternativa viable y responsable.
Otro aspecto delicado del proyecto es la inclusión de la protección a las víctimas como función del nuevo ministerio. Tal medida implicaría una reforma constitucional, dado que el artículo 69 de la Carta Magna asigna esta responsabilidad al Ministerio Público. Esta realidad debe ser claramente reconocida y debatida antes de cualquier avance legislativo.
Finalmente, llama la atención la ausencia de un informe de sostenibilidad financiera y administrativa que justifique la creación de esta nueva entidad. La transparencia y la evaluación rigurosa son fundamentales para garantizar que esta iniciativa no derive en una expansión burocrática sin resultados concretos.
La creación del Ministerio de Justicia puede ser un paso positivo hacia la mejora del sistema judicial dominicano, siempre que se realice con responsabilidad, respeto al marco constitucional y con un diálogo abierto y profundo entre los distintos actores. El Congreso tiene la responsabilidad de no apresurar esta decisión, garantizando que cualquier reforma fortalezca verdaderamente las instituciones y el Estado de derecho.
