La justicia del aguacate y la justicia de los grandes millones

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En República Dominicana hay una pregunta que cada día gana más espacio en la conversación ciudadana: ¿tenemos una sola justicia o existen varias justicias dependiendo de quién sea el acusado?

El reciente caso de un hombre condenado a seis meses de prisión por el robo de 32 aguacates en una finca de San José de Ocoa ha provocado un amplio debate. El tribunal actuó dentro de sus facultades, valoró las pruebas presentadas y determinó una responsabilidad penal. Nadie puede negar que el agricultor tiene derecho a defender el fruto de su trabajo y que la propiedad privada debe ser protegida.

Pero este caso también nos obliga a mirar una realidad más profunda: la percepción de que en República Dominicana la justicia suele ser más rápida cuando el acusado es pobre y más lenta cuando el acusado pertenece a sectores con poder económico, político o influencia social.

Mientras un ciudadano humilde puede terminar enfrentando una condena por un delito menor, existen personas que han permanecido años atrapadas en procesos judiciales sin una decisión definitiva. El caso reciente de un hombre que pasó cerca de 20 años en prisión preventiva antes de recuperar su libertad es una muestra de una falla que no puede ser ignorada. Una persona puede perder prácticamente una vida esperando que el sistema decida su futuro.

La prisión preventiva no fue creada para convertirse en una condena silenciosa. Es una medida excepcional, no una herramienta para abandonar seres humanos dentro de un sistema que muchas veces avanza con demasiada lentitud.

Y aquí surge la gran contradicción: un país donde un robo de 32 aguacates puede terminar rápidamente en una sentencia, mientras grandes expedientes de corrupción administrativa, donde se denuncian miles de millones de pesos comprometidos, pueden durar años entre audiencias, recursos y aplazamientos.

La pregunta no es si debemos castigar el pequeño delito. Claro que debemos hacerlo. La pregunta es si estamos aplicando la misma energía, la misma eficiencia y la misma firmeza cuando el daño afecta a toda la sociedad.

Porque cuando se pierde dinero público, no se perjudica solamente a una persona; se perjudican hospitales que no funcionan, escuelas con deficiencias, servicios públicos deteriorados y oportunidades que nunca llegan para miles de ciudadanos.

El problema más serio que enfrenta la justicia dominicana no es solamente jurídico, sino moral y social: la pérdida de confianza. Muchos ciudadanos sienten que existe una justicia con los pobres, que actúa con rapidez para castigarlos, pero que frente a los poderosos se vuelve lenta, complicada y distante.

Una verdadera democracia no puede tener una justicia de primera categoría para unos y de segunda categoría para otros. La ley debe tener la misma fuerza frente al que roba una cosecha y frente al que desvía recursos que pertenecen al pueblo.

La justicia no puede convertirse en una herramienta que demuestre autoridad únicamente con quienes tienen menos capacidad de defensa. Su mayor prueba está precisamente en los casos donde hay poder, dinero e influencia.

La República Dominicana necesita una justicia que no solamente castigue, sino que también inspire confianza. Una justicia donde el campesino de Ocoa y el funcionario de más alto nivel sepan que la ley tiene exactamente el mismo peso para ambos.

Porque una sociedad no se destruye únicamente cuando aumenta el crimen; también se debilita cuando sus ciudadanos dejan de creer que la justicia funciona para todos.

Luis Castillo
Luis Castillo
Luis Castillo: es consultor comercial con más de 25 años de experiencia en ventas, mercadeo y desarrollo de negocios. Reside en Massachusetts, Estados Unidos, y escribe artículos de opinión sobre economía, políticas públicas, desarrollo, democracia y el papel de la diáspora dominicana. Sus análisis buscan promover el debate informado y aportar propuestas que contribuyan al fortalecimiento institucional y al desarrollo de la República Dominicana.

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