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El fenómeno migratorio ha sido una constante en la historia de la humanidad. Desde los hebreos en Egipto hasta las comunidades chinas que han establecido barrios comerciales en grandes metópolis del mundo, la movilidad humana ha sido un motor de intercambio cultural, económico y social. Sin embargo, la migración también plantea desafíos para los Estados, que deben gestionar la convivencia de las diversas poblaciones dentro de sus territorios.
En la República Dominicana, la migración haitiana ha generado intensos debates y, en algunos casos, tensiones sociales. Recientemente, el senador Rafael Barón Duluc Rijo, conocido como «Cholitín», expresó su preocupación por la marcha convocada en Friusa, Verón-Punta Cana, por el movimiento nacionalista Antigua Orden Dominicana, argumentando que no tiene una connotación pacífica. Este tipo de manifestaciones reflejan la creciente inquietud sobre la inmigración irregular y sus implicaciones en el tejido social y económico del país.
Cada nación posee leyes, normas y costumbres diseñadas para garantizar la estabilidad y el desarrollo de su sociedad. Es deber del Estado aplicar estas regulaciones con justicia y equilibrio, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos y residentes. La seguridad y el bienestar de la población dependen de una gestión migratoria eficaz, que garantice el respeto a la legalidad sin incurrir en actos de discriminación o violencia.
El debate sobre la migración no debe reducirse a discursos polarizantes ni a acciones que fomenten la confrontación. Es fundamental que se promueva un diálogo basado en el respeto, el análisis objetivo de la situación y la búsqueda de soluciones sostenibles. La migración, cuando se gestiona de manera adecuada, puede ser una oportunidad para el crecimiento y la integración, en lugar de un motivo de división.
En este sentido, el gobierno dominicano tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y el bienestar de todas las personas dentro de sus fronteras, asegurando el cumplimiento de las leyes y respetando el derecho a la vida y la dignidad de cada individuo. La solución a los desafíos migratorios no radica en la exclusión, sino en la aplicación de políticas justas y eficaces que beneficien tanto a la nación como a quienes buscan en ella una mejor oportunidad de vida.
