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El tiroteo en La Barranquita, donde cinco hombres fueron abatidos por la Policía Nacional, vuelve a poner en jaque la credibilidad de nuestras instituciones. La versión oficial habla de una peligrosa banda criminal con armas de guerra, mientras familiares niegan los hechos y denuncian ejecuciones.
Este patrón —operativos donde los sospechosos nunca sobreviven— obliga a cuestionar si estamos ante enfrentamientos reales o fusilamientos disfrazados de justicia. El derecho a la vida y la presunción de inocencia no pueden ser anulados por la simple narrativa policial.
Urge una investigación independiente y transparente, con el Ministerio Público y la sociedad civil, para determinar si la actuación policial fue legítima o un nuevo caso de violencia institucional. El presidente Luis Abinader y la procuradora Jenny Berenice tienen la obligación de garantizar que no haya impunidad.
La juventud dominicana no puede seguir condenada a muerte en las calles sin juicio previo. La confianza en la justicia depende de que la verdad salga a la luz.







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