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WASHINGTON.- La Ley de Equidad de Seguridad Social tiene como objetivo corregir ciertas disposiciones que afectan a los jubilados del sector público, como bomberos, policías, maestros y trabajadores postales, quienes reciben pensiones. Estas disposiciones, conocidas como la Regla de Windfall Elimination Provision (WEP) y la Government Pension Offset (GPO), limitan sus beneficios de Seguridad Social si también reciben una pensión del gobierno. La ley busca eliminar esas restricciones y garantizar que los jubilados públicos reciban los beneficios completos que merecen, sin penalizaciones por su trabajo en el sector público.
Aunque cuenta con un amplio respaldo bipartidista, el proyecto enfrenta obstáculos financieros y políticos. Su aprobación podría incrementar el déficit federal en $196 mil millones, lo que preocupa a algunos senadores, especialmente a los republicanos, quienes sugieren que la reforma debería formar parte de un enfoque más amplio sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social. Además, algunos temen que el costo de la ley acelere la insolvencia del fondo fiduciario de la Seguridad Social, lo que podría poner en peligro el sistema a largo plazo.
Con un calendario ajustado y la necesidad de aprobar otros proyectos importantes, el Senado se enfrenta a una semana clave. Si no se aprueba a tiempo, el proceso deberá reiniciarse el próximo año. Esta ley es fundamental para mejorar la situación financiera de muchos jubilados públicos que actualmente enfrentan beneficios reducidos.
