SANTIAGO DE CHILE.- El gobierno chileno, liderado por el presidente José Antonio Kast, ha promulgado la ley conocida como Ley de Escuelas Protegidas, que busca endurecer las penas para delitos cometidos en establecimientos educativos y permitir revisiones de mochilas a los estudiantes con el fin de reducir la violencia escolar.
Kast presentó esta normativa en una ceremonia realizada en la escuela Nueva Zelandia, ubicada en la comuna de Independencia, al norte de Santiago. Durante su discurso, el mandatario enfatizó que la revisión de pertenencias escolares por parte del personal autorizado es un procedimiento necesario para garantizar la seguridad en los centros educativos: “El que nada hace nada teme. Entonces uno cuando llega a una escuela, que es como su casa, no hay problema en que uno pueda mostrar las cosas que trae a una persona de confianza que puede ser un inspector, un asistente o un profesor”.
La ley establece que el personal autorizado podrá realizar revisiones de mochilas en espacios privados dentro del establecimiento y solicitar a los estudiantes que vacíen sus bolsillos. Sin embargo, se prohíbe la realización de revisiones corporales, contacto físico o desnudez durante este proceso.
En caso de encontrar elementos peligrosos en posesión de un estudiante, el establecimiento educativo debe informar tanto a su familia como a las autoridades policiales (Carabineros o Policía de Investigaciones – PDI). Si un estudiante se niega a ser revisado, la escuela está obligada a notificar a sus padres o apoderados.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó que esta ley entrega nuevas herramientas para que los colegios puedan abordar conflictos relacionados con la convivencia escolar y prevenir hechos de violencia e incluso delictivos que exceden las capacidades de los equipos escolares.
Además, la normativa otorga a los docentes la facultad para aplicar medidas pedagógicas preventivas, correctivas y disciplinarias con criterios de proporcionalidad hacia los estudiantes. Los padres o apoderados están obligados a acudir a las citaciones escolares en casos relacionados con convivencia escolar o violencia.
La ley también prohíbe el uso de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial, siempre y cuando no haya excepciones justificadas por necesidades de salud, religiosas u otros casos similares.
Kast enfatizó que esta iniciativa debe ser implementada en los reglamentos internos de cada institución educativa con el apoyo de sus autoridades: “más que una ley, es una herramienta, porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso lo tiene que llevar a la práctica”.
La Ley de Escuelas Protegidas fue una de las primeras normativas impulsadas por el gobierno de Kast después del trágico incidente ocurrido en un colegio de Calama, donde un joven de 18 años mató con un arma blanca a una asistente educativa e hirió a otras cuatro personas.
Esta ley fue aprobada por el Parlamento chileno en junio pasado y posteriormente objetada por el Tribunal Constitucional en algunas disposiciones, eliminando que la policía pueda revisar bolsos o ropa de los estudiantes sin una orden previa de un fiscal y prohibiendo el acceso o manteniendo la gratuidad universitaria a alumnos condenados por delitos graves.
