WASHINGTON.- El congresista Adriano Espaillat, en representación del Caucus Hispano del Congreso (CHC) y en compañía de destacados líderes de organizaciones latinas nacionales, encabezó esta semana un firme rechazo al plan de reconciliación presupuestaria propuesto por los republicanos. La objeción principal radica en la asignación de miles de millones de dólares para reforzar las operaciones migratorias impulsadas por la administración Trump.
Durante una rueda de prensa celebrada frente al Capitolio de Estados Unidos, Espaillat, quien preside el CHC, denunció que los republicanos están priorizando recursos destinados a las agencias de inmigración, mientras se proponen recortes en programas considerados esenciales para las familias trabajadoras.
“Los republicanos están utilizando el dinero de los contribuyentes estadounidenses para financiar las prioridades personales de Donald Trump, y acto seguido, argumentan al pueblo que no hay fondos para salud, asistencia alimentaria o educación. Peor aún, están canalizando miles de millones hacia agencias de inmigración que ya cuentan con abundantes fondos y son profundamente impopulares. Las familias trabajadoras merecen un gobierno que mejore sus vidas, no una máquina irracional de deportaciones masivas para beneficiar a los amigos y familiares del presidente”, afirmó categóricamente Espaillat.
Por su parte, Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, alertó que el proyecto presupuestario otorgaría “un cheque en blanco” al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza. Según Murguía, esto profundizaría las políticas de deportación masiva que han sembrado temor en comunidades de todo el país.
El congresista Jesús “Chuy” García también se pronunció, aseverando que la administración Trump ha llevado a cabo “una ofensiva brutal e ilegal” contra las comunidades inmigrantes, y criticó la intención de los republicanos de añadir 70 mil millones de dólares para deportaciones y centros de detención.
Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), sostuvo que las deportaciones masivas representan “una bola de demolición económica” que impacta negativamente a trabajadores, contribuyentes y pequeños negocios latinos.
En el evento también estuvieron presentes el congresista Raul Ruiz, quien expuso el impacto psicológico de las detenciones y separaciones familiares; Angelica Razo, directora nacional de campañas de Mi Familia en Acción; y la congresista Emily Randall, quien cuestionó la asignación de miles de millones de dólares a ICE y la Patrulla Fronteriza mientras persisten urgentes necesidades en áreas como vivienda, cuidado infantil y apoyo económico para las familias estadounidenses.
Finalmente, los participantes concluyeron exigiendo una mayor transparencia, supervisión y protecciones de derechos civiles antes de aprobar cualquier incremento de fondos para las agencias federales de inmigración.
