Ministerio de Educación concluye revisión de expedientes sobre pago deuda a contratistas

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Santo Domingo.- El Ministerio de Educación (MINERD) informó hoy que ha finalizado el procesamiento de los expedientes relacionados con el pago de más de RD$4,000 millones adeudado a contratistas por servicios de mantenimiento y obras de infraestructura escolar.

Cumplir con estos compromisos está previsto en la Ley 16-26, que establece el pago a contratistas del Estado de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas con o sin contrato formal. La entidad oficial ha remitido los expedientes al Ministerio de Hacienda y Economía para que continúe con los procedimientos legales correspondientes.

“De esta manera, el MINERD da cumplimiento a las responsabilidades que le atribuye la referida legislación y formaliza la transferencia del proceso a las instancias competentes para su conocimiento y decisión”, afirmó el organismo estatal en un documento firmado por el ministro Luis Miguel De Camps.

La institución notificó que corresponde al Ministerio de Hacienda y Economía, en su condición de órgano responsable de presidir la comisión creada por la ley, la puesta en marcha de los procesos correspondientes a las reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.

La Ley núm. 16-26, promulgada el 1 de mayo del presente año, establece un procedimiento especial para la revisión, evaluación y validación de dichas reclamaciones, competencias que recaen en la comisión creada por el legislador y presidida por el Ministerio de Hacienda y Economía.

La institución precisó que, una vez agotadas las actuaciones administrativas que le corresponden, procede que las instancias contempladas en la ley continúen con las etapas de revisión, validación y decisión de los expedientes sometidos, de conformidad con el marco legal vigente.

La cartera educativa reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto al debido proceso y el cumplimiento de las disposiciones legales, al tiempo que reafirmó su voluntad de colaborar con las autoridades competentes en cualquier requerimiento que resulte necesario para la correcta aplicación de la Ley núm. 16-26.

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