Santo Domingo, República Dominicana.- El Ministerio Público ha presentado una batería de 15 pruebas para sustentar su solicitud de 12 meses de prisión preventiva contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de exigir y recibir un soborno de US$10,000 a cambio de alterar procesos de investigación.
El órgano acusador detalla que Valdez Alcántara es señalado por gestionar y recibir la mencionada suma de dinero de Roberto Antonio Canaán Acta, testigo clave en el conocido caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), denominado “Cobra”.
Las pruebas aportadas por la fiscalía incluyen elementos testimoniales, documentales y materiales. Entre las evidencias destacadas figura el dinero entregado en una operación de entrega vigilada, en la que participaron agentes policiales, así como el vehículo presuntamente utilizado por el fiscal para reunirse con el testigo.
El testimonio de Roberto Antonio Canaán Acta es crucial para la acusación, ya que permitirá al Ministerio Público demostrar la ocurrencia de los hechos, las circunstancias, la modalidad y la forma en que se materializó la entrega de los US$10,000. Asimismo, se documentan las presuntas amenazas, coacción y extorsión ejercidas por el imputado contra el testigo.
Canaán Acta también figura como testigo en el caso “Cobra” de SENASA, una investigación que involucra al exdirector Santiago Hazim, quien actualmente cumple prisión preventiva en el Centro Correccional y de Rehabilitación Las Parras por supuestas irregularidades durante su gestión.
Según la solicitud de medida de coerción, los hechos se remontan al 13 de marzo de 2026, cuando el imputado sostuvo un encuentro con Canaán Acta en el parqueo de un centro comercial ubicado en la intersección de las avenidas Jiménez Moya y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional. Durante esta reunión, el testigo abordó el vehículo del fiscal, quien habría utilizado información privilegiada para ejercer presión.
En ese contexto, Valdez Alcántara habría propuesto alterar el proceso judicial a cambio de beneficios económicos. Inicialmente, el imputado habría exigido US$200,000, suma que posteriormente se habría reducido a US$150,000 tras una negociación. Adicionalmente, solicitó un reloj Rolex y un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, rechazando opciones más económicas.
El Ministerio Público sostiene que el imputado mantuvo una presión constante a través de llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026, se le habría exigido el pago con la frase: “¿Para cuándo está la cosa?”, fijando como fecha límite el 24 de marzo. Se advirtió, además, sobre la posible judicialización del testigo en caso de no cumplir con el pago, condicionando así su situación legal.
Finalmente, el 27 de marzo de 2026, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado. Durante este operativo se ejecutó la entrega vigilada del dinero presuntamente recibido como soborno.
La jueza presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, conocerá el próximo día 7, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara.
