SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM), acusado de exigir dinero a un pasajero extranjero en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), en un presunto caso de soborno.
El imputado, identificado como Albert Isaac Pérez Ferreras, fue arrestado en flagrante delito el pasado 17 de mayo. Se le acusa de solicitar el pago de 200 dólares a un ciudadano español y a su acompañante, bajo el pretexto de que debían cubrir una supuesta penalidad por exceder el tiempo permitido de permanencia en el país.
Según la acusación, el inspector argumentó que los pasajeros superarían el plazo autorizado de permanencia en territorio dominicano, indicando que permanecerían tres meses, lo que justificaba el pago. No obstante, las víctimas declararon haber ingresado al país en ocasiones anteriores sin enfrentar inconvenientes ni cobros similares.
El expediente del Ministerio Público detalla que, ante la solicitud, el ciudadano español informó que solo disponía de 70 dólares. Esta suma fue presuntamente aceptada por el inspector, quien le habría instruido a colocar el dinero dentro del pasaporte.
El incidente quedó documentado por las cámaras del sistema de circuito cerrado (CCTV) del aeropuerto, las cuales registraron la interacción entre el inspector y los pasajeros, así como la entrega del efectivo.
La solicitud de medida de coerción fue formalizada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). La acompañaron los fiscales Yoneivy González, Ernesto Guzmán Alberto y Elizabeth Paredes Ramírez, presentando el caso ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.
El Ministerio Público informó que el caso fue remitido por la Dirección General de Migración, institución a la que el imputado ingresó en el año 2022. Asimismo, se destacó que, en su rol de inspector, Pérez Ferreras tenía la obligación de asegurar el cumplimiento de las normas migratorias bajo principios de legalidad, transparencia y ética en la función pública.
Las autoridades han señalado que la acusación se sustenta en una sólida base de pruebas documentales, testimoniales, audiovisuales y materiales, incluyendo los videos entregados por la DGM en formato digital.
El Ministerio Público ha indicado que las investigaciones relativas a este caso continúan en desarrollo.
